Así como los síntomas de covid, que estoy superando mientras escribo esta columna, han estado los entes de control con respecto a los delitos electorales. Estas caducas e ineficientes instituciones ya tomaron, hace rato, la decisión cómplice de dejar en la impunidad este tipo de delitos como moneda de cambio con la clase política.

Para darles una idea de la mediocridad operativa de quienes hoy encabezan estas entidades públicas y, a la vez, pavonean cuanto supuesto ‘logro’ de gestión se les ocurre, quiero mostrarles las siguientes cifras: Entre el 2018, 2019 y 2020 quedaron en indagación 2.595 denuncias por corrupción de sufragante, es decir, a grandes rasgos, compra de votos. De estas denuncias solo fueron a juicio el 4.2% y resultaron en condena el 0,46% de los casos. Por otro lado, en el mismo periodo de tiempo se registraron 792 denuncias de alteración de resultados lo cual, en otras palabras, es el involucramiento de funcionarios públicos de la Registraduría en los resultados electorales. De estas denuncias, ríase usted, tan solo 2,2% fueron a juicio y el 0,75% resultaron en condena.

En los otros 14 tipos penales electorales creados por la Ley 1864 de 2017, los resultados de la Fiscalía General son igual de lamentables. El Régimen que se ha ido consolidando después de la Constitución del 1991, le interesa que la impunidad frente a los delitos electorales, que nace en buen parte en la misma Registraduría, continúe. Es por eso que, el registrador, aún hoy dada la evidencia y presión por parte de diferentes sectores políticos se niega rotundamente a permitir auditorías eficaces al software de sorteo de jurados y consolidación de los formularios E-14. Estos mecanismos representan un nivel igual o incluso superior de fraude que la misma compra de votos.

Es claro que la Registraduría, la Procuraduría y la Fiscalía hacen parte del entramado de complicidades del Régimen que permite y habilita en todo el país y en todas las elecciones el fraude electoral. Esta impunidad sumada a la desastrosa circunscripción nacional para senado y al nefando voto preferente han permitido que las prácticas corruptas campeen en todos los partidos de la política tradicional. Mientras se compran curules en la barba del poder electoral, los organismos de control y la Fiscalía, se ha desarrollado una extensa y compleja y macarrónica legislación de control electoral. Este cúmulo de reglas inútiles abruma e inmoviliza a los políticos decentes mientras los politiqueros corruptos, incluso candidatos presidenciales como el señor de las bolsas, desembolsan multimillonarias sumas de dinero sin nunca sufrir de la falta de fondos y recursos para eventos, mercados, tejas, buses, cemento y compra de líderes en todo el país.

¡Qué hipocresía! La falta de justicia nos pone en manos de la inseguridad y la corrupción y, también, es responsable del fraude electoral y la compra de elecciones. Definitivamente, la raíz de todos nuestros problemas es la falta de justicia.