“Colombianos debemos defender nuestra seguridad”

Escribo estas líneas el día en el que se inicia el paro armado decretado por el Eln y que también ejecutarán las llamadas disidencias de las Farc y los denominados Pelusos, entre otras principales agrupaciones armadas que representan la mayor amenaza a la protección de la vida de los colombianos y a la seguridad nacional. Su accionar plantea un grande reto al gobierno, no solamente porque implica un pulso territorial por el control de estratégicas regiones y poblaciones del país, sino también porque desafía la capacidad de las instituciones para cumplir con sus competencias de protección de la vida de los colombianos, de ejercicio de sus libertades y obviamente de mantenimiento del orden público y su recuperación cuando fuere perturbado.

El que la cocaína sea el alimento del accionar terrorista y el hecho de que se hayan incrementado los cultivos de coca durante la negociación de paz en La Habana, no son suficientes para explicar la expansión de la delincuencia y el asesinato de los líderes sociales en los diez y ocho meses de gestión del gobierno. Así lo entienden el Presidente, su ministro de Defensa y las comandancias de las Fuerzas Militares y de Policía que se aprestan para actuar con medidas contundentes y legítimas contra quienes pretenden una paz impuesta con la violencia de las armas.

El paro armado reafirma la finalidad política que anima a sus ejecutores. Su primer paso es consolidar su presencia en el Cauca, Arauca, Nariño, Chocó y el Catatumbo para controlar los negocios ilícitos que les proporcionan cuantiosa financiación, y les permiten someter a las poblaciones indefensas. El segundo, es el de presionar a un diálogo con el Eln, auspiciado por los gobiernos de Venezuela y Cuba y apoyado por el coro de todos los que profesan maliciosamente que las capitulaciones son el precio de la paz, cuando solo buscan la apertura hacia un régimen semejante al de los Castro y Maduro, que han incorporado el delito a la acción de la institucionalidad.  

La situación no es igual a la vivida con las Farc y ello tiene que orientar la estrategia del Gobierno. Ya no se trata de una sola fuerza organizada, con mando centralizado, sino de varias organizaciones, todas con apoyo foráneo y con la pretensión de rendir al Gobierno y someter a la institucionalidad democrática. Derrotarlas exige copar los territorios, erradicar los cultivos de coca y desarticular la minería ilegal, así como el ejercicio por las autoridades de todas sus atribuciones legales, como parece que lo han entendido en Bogotá y Medellín. El desorden solo engendra anarquía; el Gobierno lo sabe, por ello confiamos en que sabrá conjurar la situación y convocarnos a los colombianos a la defensa de nuestra seguridad.  De ello depende su futuro y el nuestro.