Parece que pasarán desapercibidos para la ciudadanía y más grave aún,  desapercibidos para las autoridades, los problemas que se vienen presentado con los conductores de  Uber generados por algunos  taxistas, a  tal punto que vemos cómo, día a día, el tema se está saliendo de madre y este tipo de enfrentamiento violentos se tornan demasiado frecuentes, con riesgos de  funestas consecuencias, pues de las afrentas verbales reportadas por los motoristas Uber, en los primeros días de su presencia en las calles, venidas de operarios del servicio público, los conductores de taxi han pasado a las agresiones  físicas, acompañadas de daños a  vehículos.

Para  decirlo más claramente, están tomando por su cuenta y riesgo la ley  aplicándola con mano propia, pero qué decir la ley, ¡no!, decididamente optaron por agredir las personas, seguramente esperando respuesta con miras a crear situaciones de pánico, sin medir consecuencias.

Esa conducta les puede salir muy mal  a los taxistas, quienes no sólo se muestran altamente provocadores sino intolerantes, ante un contexto laboral que identifican como competencia, pero que no les corresponde a  ellos  encausar, mucho menos por la fuerza o intimidación. En realidad corresponde a las  autoridades dirimir esta rivalidad laboral y controlar la prestación, o no, de este tipo de servicio,  de lo contrario estamos al portas  de unos problemas delicadísimos e incalculables, de índole laboral,  gremial y personal, por presentarse de manera aislada y furtiva, especialmente horas de la noche y lo más grave, es que están involucrando a la ciudadanía desprevenida  en  enfrentamientos innecesarios, grotesco y violentos.

De continuar estos ataques no está lejos que se genere  un enfrentamiento de características impensables, con resultados  fatales. Téngase en cuenta que este servicio lo utilizan ciudadanos de bien, ajenos  a estas rivalidades y a la hora de registrarse duelos físicos o de cualquier índole se verán los pasajeros, es decir los ciudadanos involucrados en refriegas ajenas, terminado el episodio como siempre, responsabilizando las autoridades por falta de control, orientación, regulación de un servicio público.

 Son las autoridades las llamadas a solucionar este escenario y es deber de los conductores de taxis agremiados o particulares,  dejar en manos de las autoridades la salida de esta controversia, que lleva varios días exacerbando los ánimos.

En conclusión  la obligación de los conductores es informar a la policía, sobre  anomalías o desconocimiento de las normas establecidas por los conductores de la plataforma. Así  las cosas tomaran el rumbo normal evitando de esta forma  protagonizar escándalos y provocaciones donde nadie gana y, por el contrario, son los taxistas agresores quienes llevan al desprestigio y rechazo ciudadano.

Por último, en aras de la verdad, esa rivalidad se debe catalizar con buen servicio. Si las agremiaciones y los particulares se deciden a capacitar sus operarios,  todos ganaremos.