“Esperamos obras libres de corrupción”
Al reanudarse las obras de construcción para reanimar el desfalleciente sector productivo, estamos en derecho de esperar que ellas se cumplan libres de todos los errores, incumplimientos y corrupción que las han acompañado durante los últimos decenios, con enormes afectaciones al erario público, a la infraestructura del país y al prestigio de la ingeniería nacional. No quisiéramos revivir escenarios de obras que cumplen diez o más años para su entrega, cuando no inconclusas, ni la repetición de la inoperancia de las interventorías, ni el desgreño para la imposición de sanciones sin proporción con los daños causados, que pocas veces se han acompañado de inhabilidades para nuevas contrataciones, estimulando así un carrusel que no tiene quien lo ronde.
Los ejemplos abundan y algunos provocan legítima indignación. El túnel de la Línea ha tardado décadas y hoy es obra inconclusa; las Rutas del Sol, por cuyos incumplimientos Odebrecht pretende impunidad para todos los delitos que rodearon su contratación y su pobre ejecución; el puente atirantado de Chirajara que se desplomó durante su construcción sin que se conozcan responsabilidades ni sanciones; el puente atirantado de Hisgaura, con un nivel asfáltico propio de un acordeón, y cuya seguridad no está garantizada. Todo ello, sin contar con los edificios que se derrumban a los pocos años de su construcción, o con la reiterada incapacidad para sortear los desafíos de la naturaleza en la vía al Llano y en la de Bucaramanga a Barrancabermeja.
Pero la tapa es lo acontecido con la construcción de dos grandes puentes sobre el Río Magdalena: Santa Lucía, que cruza el brazo izquierdo, y Roncador, que cruza el brazo principal, con una inversión de $300.000 millones. En la obra, a cargo del Fondo de Adaptación, concurrieron Cormagdalena e Invías. Cormagdalena demoró cinco años en expedir el permiso para la obra que vino a entregar pocos días antes de su inauguración, e Invías recibió los puentes sin atender a un defecto estructural de enorme importancia: se construyeron sobre la principal arteria fluvial de Colombia sin percatarse de las condiciones de navegabilidad. En el puente Roncador, sus columnas distan entre si 160 metros, cuando lo requerido para el paso de convoyes es de 190m. Crearon un cuello de botella para la navegación del río, que no tiene otra solución que nuevas y millonarias inversiones para hacer obras de encauzamiento que requerirán permiso de Cormagdalena, que no las contempla en su plan de inversiones. Implicaría pagar por algo que se pudo evitar, porque el puente no puede obstaculizar la navegación, y reconstruirlo sería mucho más costoso.
El Gobierno debe impulsar la imposición de las sanciones que correspondan si quiere que en los trabajos que se avecinan no se repitan las mañas, omisiones y corruptelas del pasado. De nada habrán servido los sacrificios durante la pandemia si seguimos condenados al mismo calvario.