“Protesta no puede usarse para defender lo indefensable”

La oposición ha venido materializando la amenaza proferida por Gustavo Petro la noche de su derrota en las elecciones presidenciales, de ejercer hirsuta oposición con movilizaciones permanentes que se tomen las calles de las ciudades y taponen las vías del país para amedrentar y someter a los ciudadanos a las expresiones de una violencia recurrente que paralice la vida nacional.

Responde a la singular concepción que la izquierda tiene y promueve del derecho a la protesta social, que se acompaña de la exacerbación de las tensiones sociales y de la promoción de un clima de intolerancia y violencia que silencie el dialogo y vulnere los más elementales derechos ciudadanos. Para ellos, poco importa la veracidad de los motivos, porque de lo que se trata no es de mejorar la calidad y alcances de las políticas públicas, sino de calibrar la capacidad del gobierno de sortear el desafío que los desmanes implican para el respeto de los derechos fundamentales de los colombianos.

Se valen de la difusión masiva en las redes sociales de ficciones y mentiras que comparten los medios de comunicación en prolongado ayuno de mermelada, con la que atribuyen al gobierno secretos propósitos como los nombrados “paquetazos en pensiones y salarios”, que el gobierno ni ha pensado, ni elaborado, y que ni avala, ni acompaña ni respalda. Igual ocurre con las mentadas privatizaciones de todas las empresas en que el Estado posee acciones, que siempre ha sido pesadilla consentida de una izquierda despistada pero irredenta.

Lo propio acontece con el supuesto incumplimiento de lo pactado con los estudiantes y cuyo resultado permitió el incremento sustancial de los dineros para la educación pública, a niveles que nunca se dieron en el pasado. Una protesta sin justificación cierta suele tornarse en incendiaria porque se alimenta de rencores políticos que se acrecientan con el sentimiento de orfandad de poder. Es una forma de demencia política que adolece de tratamiento eficaz.

La protesta social es un derecho democrático que debe defenderse y preservarse y que, por su naturaleza participativa, no puede utilizarse para defender lo indefensable, ni mucho menos convertirse en espiral de violencia y orgía destructiva. El tono desafiante y el anuncio de acciones delictivas que se cumplirían el 21 de este mes en muchas ciudades del país, semeja más una declaratoria de guerra al gobierno que una lícita expresión de inconformidad con una agenda que no se comparte, en razón a divergencias ideológicas por profundas que sean.

Por ello, no escapa a la sospecha de manipulaciones de gobiernos que fincan en la proliferación de conflictos en otros países la supervivencia de sus regímenes totalitarios. Adquiere así una connotación de seguridad nacional para el Estado agredido de consecuencias imprevisibles.