La conmemoración cristiana de esta época, en que se recuerda el sacrificio de Jesús para salvar a la Humanidad, es oportunidad propicia para el examen de conciencia de cada uno; para la reflexión, el análisis y la reconsideración, y para corregir conductas.

Cabe pensar en los muchos males que afronta la sociedad colombiana en todos los  aspectos, en especial a causa de la violencia, el crimen, la intolerancia, la pérdida de valores y de principios. Parece que la sociedad ha dejado de lado el respeto que merecen la vida, la justicia, la libertad, la igualdad,  la familia, la dignidad y los derechos de las personas.

Entre los hechos más graves resulta preciso registrar lo que parece ser un plan macabro, no sabemos concebido y ejecutado por quién o por quiénes: la sistemática actividad criminal contra los líderes sociales, indígenas y promotores de derechos humanos.

La inseguridad en nuestras ciudades se ha incrementado de manera alarmante en los últimos meses. Los delincuentes no vacilan en matar o herir a sus víctimas para robarles un celular, una bicicleta o el dinero que han retirado del banco o de un cajero automático.

Los cultivos ilícitos, en especial de coca, han aumentado sin control, y Colombia sigue siendo señalada en muchos países como principal origen del narcotráfico.

Se han incrementado en todo el país tanto la violencia intrafamiliar como la ejercida, muchas veces impunemente, contra las mujeres y los niños.

El Eln, tras el acto terrorista del carro bomba que dejó al menos 22 muertos en la Escuela General Santander, sigue destruyendo la infraestructura nacional mediante las permanentes voladuras de oleoductos. Y las disidencias de las Farc aumentan sus efectivos.

Los dirigentes políticos, en vez de pensar en esta dura realidad y de disponerse al diálogo y al consenso en busca de una paz real y auténtica, están dedicados a una inconcebible polarización que no nos permite avanzar.

La corrupción se extiende, y lejos de ser atacada, es estimulada por la política tributaria del Estado y por la voracidad fiscal a nivel nacional y en las entidades territoriales -véase el caso de Bogotá, con valorización e impuesto predial por las nubes- . Una política que, en vez de estimular el empleo y el desarrollo, desalienta la inversión, a las empresas y en especial a la clase media. 

Por su parte, la Corte Constitucional, que como guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Política, debería orientar y equilibrar, con miras a la realización efectiva de sus principios y de los derechos fundamentales, políticos, sociales y económicos, se ha dedicado a cerrar las puertas a los ciudadanos para el ejercicio de la acción pública, asume posiciones políticas y desorienta con sus providencias, desechando los precedentes jurisprudenciales sentados por ella misma en años anteriores.

Las normas constitucionales y legales sobre la Jurisdicción Especial de Paz fueron aprobadas a las carreras y de ello no quedó sino el cansancio. Disposiciones imprecisas, con vacíos y contradicciones que han obstaculizado su gestión. Y los fallos de la Corte, en vez de aclarar, han contribuido a confundir.

En fin, un Estado caótico y sin rumbo. El país necesita sindéresis, por la vigencia del Derecho, de los valores y de los principios.