El video que muestra la acción repudiable de dos agentes de la Policía Nacional en contra del ciudadano Javier Ordóñez, desató la natural indignación ciudadana, no solamente por la crudeza del sometimiento físico de la víctima, sino también por su posterior fallecimiento en las instalaciones del CAI próximo al lugar de los hechos. El entendible repudio que despertó la violencia de los dos agentes involucrados, suscitó comprensible protesta social que se vio acompañada de la acción vandálica de todas la organizaciones criminales y terroristas, siempre al acecho de torcer acontecimientos que favorezcan sus propósitos delincuenciales y sus objetivos políticos.
Prevaleció injustamente la condena anticipada a toda una institución fundamental para el orden público, el ejercicio de los derechos y libertades públicas, indispensables a la seguridad y convivencia ciudadanas y a la gobernanza de las autoridades. Sirvió de oportunidad inesperada para que desde la izquierda se intente una vez más el desprestigio de los cuerpos de la Fuerza Pública, tan necesarios al mantenimiento del orden, pero tan vilipendiados por los adversarios del sistema económico y democrático que nos rige.
Con esa orquestación maliciosa por el desmantelamiento de la estructura actual de la Policía Nacional, bajo la necesidad de una reforma estructural, no solo se desechan los logros alcanzados desde 1993 en el proceso de reforma de la institución, sino que se persigue convertirla en el dócil instrumento de autoridades políticas locales que desvirtúa y desnaturaliza su misión constitucional. La reforma iniciada en 1993 ha venido adelantándose con las necesarias modificaciones que exigen los tiempos, y se han evidenciado en un notable profesionalismo de nuestra policía, que hoy asesora muchas de las fuerzas del orden en el continente en la transformación de sus visiones, misiones y operaciones.
Necio sería desconocer la necesidad de realizar ajustes que aconsejan situaciones que han venido aflorando y la que acaba de suceder, que ponen de relieve escenarios que han entorpecido la continuidad del proceso de reforma y golpeado el prestigio de la institución. En los últimos diez años, se ha reducido el presupuesto de la Policía, lo que inevitablemente [U1] ha afectado el reclutamiento, salario, prestaciones, formación, capacitación, equipamiento y operatividad de la Policía y congelado ascensos desde patrulleros hasta intendentes.
En los últimos años se viene erosionando la unidad de criterio en los más altos niveles de comando, que ha desarticulado la cadena de mando, sembrado confusión y favorecido la inestabilidad en el control de situaciones de grave afectación del orden social. La inteligencia, que ha sido el mayor activo de la reforma, inexplicablemente falló en la previsión y contención de la barbarie vandálica. Hay una crisis de liderazgo que el Gobierno debe atender con premura.
Debe restablecerse la figura del Comisionado para la Policía, veedor ciudadano que ejerza la vigilancia del régimen disciplinario y operacional y verifique el respeto de los DDHH y el cumplimiento de las normas para el funcionamiento de la institución. Restablecer ese vínculo es crucial para la confianza de la ciudadanía en su más cercana institución.