“Hay que dar oportunidad a políticas de seguridad”

En el 2020 el Gobierno tendrá que buscar la resolución de los problemas pendientes de solución desde hace ya varias décadas. El más urgente, porque atañe a la seguridad del Estado, a la protección de la vida de los colombianos, a la soberanía amenazada, al desarrollo social y económico del país, y por ello al debido cumplimiento de los fines del Estado, parece ser hoy la falta de presencia, permanencia y acción de la institucionalidad en todo el territorio nacional.

En el pasado, se permitió la prolongada incubación y fortalecimiento de fuerzas subversivas y delincuenciales, que encontraron en la ausencia del Estado en grandes extensiones del territorio oportunidad para crecer, ejerciendo el control social y acaparando las actividades productivas ilícitas y aún las legales en esas regiones olvidadas.

Nada cambió con la imposición del acuerdo de paz con las Farc. La indolencia del gobierno de entonces en copar esos territorios hizo que proliferara la delincuencia, representada no solamente por disidencias de esa organización y los Marquetalianos de Iván Márquez, sino también por el Eln y numerosos Grupos Armados Organizados que hoy se disputan a sangre y fuego el control territorial, social y económico de regiones enteras y combaten por asegurarse la mayor parte, cuando no la exclusividad, de los réditos de todas las actividades de narcotráfico, minería ilegal, contrabando y extorsivas en esas comarcas, convertidas en territorios sin Ley ni Dios.

Se han además fortalecido con la complicidad del régimen dictatorial de Maduro, que los ha acogido como colaboradores en la seguridad de sus actividades de narcotráfico y acciones represivas de su población, para que contribuyan a la permanencia y consolidación de la dictadura. El Putumayo, Nariño, Cauca, Arauca, Antioquia, El Catatumbo en Norte de Santander, La Sierra Nevada en el Magdalena, y la Guajira, son hoy los principales escenarios de sus acciones. La muerte se ha instalado y las víctimas se encuentran abandonadas a un padecimiento que clama justicia y acción del Estado.

La solución no pasa por la propuesta formulada en la Comisión Nacional de Garantías que pretende diferenciar entre los calificados como sucesores del paramilitarismo, con el Eln y eventualmente los Marquetalianos y disidencias de las Farc, como si no fueran hoy harina de un mismo costal. Caso típico del maniqueísmo de la izquierda que solo prolongaría la agonía de las víctimas.

Hay que darles oportunidad a las cuatro articuladas políticas del gobierno para el desmantelamiento de todos los grupos armados:  la política Nacional de Seguridad y Defensa; la de Seguridad Ciudadana; la del Plan de Acción Oportuna; y la del Marco de Protección y Garantía para líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Ellas permitirían la superación de la mayor dolencia actual del estado colombiano. Es una urgencia nacional.