Fácilmente uno podría decir que el trámite de la Reforma a la Salud ha sido la mayor exhibición de politiquería, improvisación y corrupción de los últimos años.

Se ha visto y oído de todo: Ministros de Estado como el señor Jaramillo afirmando abiertamente como coaccionan los votos en el legislativo con “mermelada” burocrática, directores de entidades como el señor Rondón justificando y defendiendo la repartija ordenada desde Palacio, un presidente sin escrúpulos tildando de corruptos a todos los actores del sistema de salud, bodegas e influencers pagados con nuestros impuestos mintiendo diariamente y creando ficciones sobre el sistema para “sustentar” los irresponsables anuncios del mandatario y su bancada, voceros del gobierno que no conocen el sistema de salud y mucho menos entienden la reforma y, por supuesto, políticos celebrando como si nada el recibo de sus prebendas.

Así sucesivamente podría seguir enumerando las barbaridades que han sucedido, pero se me acaba la columna y prefiero contarles sobre las graves falencias fiscales que, además de todo lo anterior, tiene esta reforma.

En el mediocre “Escenario de Factibilidad” que radicó Hacienda para evitarse el compromiso legal y fiscal de entregar, valga la redundancia, el aval fiscal, se encuentran varios puntos que deberían preocupar a los colombianos.

Como, por ejemplo, se afirma que la reforma costará un aproximado de 140 billones en la próxima década, pero a la vez dice que dichos recursos no están incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2024, ni en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y que, de hipotéticamente ejecutarse, no se estaría cumpliendo con la Regla Fiscal.

Adicionalmente, el documento no reconoce el mayor valor de los servicios sociales complementarios que podría aumentar en 10 billones el costo de la reforma, no es claro en cómo sería el saneamiento de las deudas de EPS con los prestadores, afirma sin evidencia que para 2040 el sistema generará ahorros mientras el Banco de la República demuestra lo contrario advirtiendo un aumento en el gasto entre 0.55% y 0.90% del PIB, no tiene en cuenta el exceso de gasto que se puede originar por la contratación bajo la modalidad de evento el cual puede multiplicar varias veces el gasto de mediana y alta complejidad, elimina la responsabilidad por el riesgo financiero que hoy manejan las EPS llevando al gasto desmedido y seguramente a casos de corrupción y, lo mejor, contradice literalmente lo afirmado por el Ministro Jaramillo demostrando el indudable incremento en los costos del sistema en los próximos 15 años.

La irresponsabilidad de los congresistas de aprobar está reforma sin viabilidad fiscal es criminal, un hecho deleznable que demuestra la calidad de rufianes que tenemos en el Congreso. Politiqueros dispuestos a entregar su salud a cambio de puestos y contratos a sabiendas del desastre que se avecina.

No podemos desistir, millones de vidas dependen de ello.