Al rojo vivo puja por los grandes negocios en el país | El Nuevo Siglo
LA DISPUTA en el país por los grandes negocios, muestran cómo se mueve la economía a pesar de la pandemia./ENS
Foto Montaje El Nuevo Siglo
Miércoles, 3 de Febrero de 2021
Redacción Economía

El 2021 empezó con mucho movimiento empresarial en sectores fundamentales de la economía como la energía, telecomunicaciones y servicios, así como en la infraestructura.



Recién iniciado enero, el primer lance lo abrió el Gobierno con la aparente determinación de vender la participación accionaria de la Nación en ISA del 51,4% y que puede representar hasta $12,5 billones para el fisco en un año de escasos recursos.

A este negocio, el primero en confirmar su interés fue el Grupo Energía Bogotá (GEB), una entidad corporativa fuerte que tiene amplia experiencia en el sector energético y además cuenta con la chequera suficiente para comprar los títulos en efectivo, tal como lo necesita el Ejecutivo para cuadrar su caja.

Pero al mismo tiempo, Ecopetrol comunicó la decisión de participar a rajatabla como posible comprador de las acciones.

En esa presentación de las aspiraciones de  la petrolera, su presidente Felipe Bayón, dijo que ese interés surge de varios aspectos: "Hay varias cosas. La estrategia que tenemos para consolidarnos en lo energético. Traer a ISA a Ecopetrol es traer una gran compañía, es espectacular. Los directivos ya tienen negocios con carbonos neutrales. Avanzaremos en esos temas. Es buena noticia. Presentamos la oferta no vinculante, si Ministerio de Hacienda la vincula, entramos a un proceso de debida diligencia. En 2 meses tendríamos una oferta formal para firmar los documentos. Llevamos 18 meses analizando, no es algo de pandemia. Buscamos siempre consolidar a Ecopetrol", dijo.

Señala el directivo que “el mayor autogenerador de energía es Ecopetrol. Movemos fluidos y crudos, y operamos en planta. A nivel mundial, las petroleras se están convirtiendo en compañías de energía, en 20 años el mundo será más electrificado”.

Los capitales

Para los analistas de Corficolombiana, esta operación saca a la luz varios aspectos. “El hecho de no tener que ofrecer una compra a los accionistas minoritarios de ISA puede dejar un mal sabor de cara a un mercado de capitales que se debe modernizar, y un mercado accionario que ha presenciado operaciones que han afectado a los accionistas minoritarios negativamente, como los movimientos realizados por Grupo Casino sobre Grupo Éxito y GPA entre 2015 y el año pasado, entre otras operaciones”.



Sin embargo, lo que queda sobre el tapete es que sobre el terreno resalta que los empresarios antioqueños, con amplia presencia de ISA en su región, no quieren que los inversionistas bogotanos se queden con una empresa que hoy tiene una fuerte gestión corporativa.

La EPM

Casi sin desaparecer esta puja de la que todavía no se sabe cómo va a terminar y hacia qué lado se irán las acciones del Estado de la transportadora de energía, volvió a estallar el escándalo empresarial como el pedido de renuncia por parte del Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, del gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Álvaro Guillermo Rendón.

En esta oportunidad la pelea por tener el control de la joya de la corona de los antioqueños (EPM) deja al descubierto el conflicto entre los políticos antioqueños y empresarios, que ven cómo se les está desbaratando esa alianza  que se convirtió en tradicional sobre EPM.

Uno de ellos es el expresidente Álvaro Uribe y el exalcalde Federico Gutiérrez, que han vuelto al ruedo criticando las actuaciones del alcalde Quintero.

Al margen de esta situación está la molestia de la junta directiva de EPM tras verificar que un contratista del proyecto Hidroituango puso como responsable a una filial que no tiene cómo responder por la crisis y por los posibles efectos de la demanda por $9,9 billones que puso la empresa por el proyecto de la represa.



Se trata de una estrategia para que la firma brasileña Camargo Correa no responda, o al menos no ante tribunales colombianos, por el descalabro del proyecto de la hidroeléctrica de Hidroituango. Camargo Correa hace parte del consorcio CCC Ituango que adelanta las obras de construcción de la siniestrada hidroeléctrica, sin embargo, esta firma habría buscado desvincularse del consorcio y dejar en su lugar a su filial en Colombia, Camargo Correa Infra Proyectos que aparece registrada con un capital de $11.000 millones.

Al parecer la sesión de la brasileña Camargo Correa a su filial en Colombia, se habría dado sin que hubiese existido autorización por parte de EPM para que esta se configurara.

Telecomunicaciones

Como si esto no fuera suficiente para calentar el panorama empresarial en Colombia, se conoció que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) constató, en primera instancia, que la compañía Claro sí tiene esta condición en el mercado de Servicios Móviles en el país.

Esta decisión no solo sorprendió al mercado de las telecomunicaciones, sino que mientras preocupó a la sancionada, alegró a sus competidores como Movistar, Tigo y WOM.

Asimismo, la CRC anunció que esta decisión procede a un recurso de reposición, “el cual puede ser interpuesto por el operador dentro de los diez días siguientes a la notificación del acto administrativo que decidió la actuación en primera instancia”.

Al respecto, la respuesta de Claro Colombia fue contundente: “La CRC toma esta decisión en primera instancia, sin que exista evidencia alguna de una falla en el mercado, como lo ratificó la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, máxima autoridad de competencia del país”.



Además, el operador afirmó que la entidad tendría las evidencias de que el mercado vendría operando bien y eso lo demostraría la llegada de un nuevo operador, WOM. “Esta gran dinámica competitiva, explica la reducción de los precios al público en más de un 50% en los últimos tres años para los servicios de voz y datos móviles. La decisión de la CRC desincentiva las inversiones de Claro y del sector en el país. Solo con medidas que promuevan la inversión y la competencia, se podrá cerrar la brecha digital. Esta declaración desalienta la inversión, no beneficia al país ni a los usuarios del servicio”, señaló la compañía en el comunicado.

Frente a la decisión de la Comisión, y del pronunciamiento de Claro, las reacciones no se hicieron esperar.

El operador Tigo, en cabeza de su presidente Marcelo Cataldo, ha dicho que respetan y acogen la decisión del ente regulador y que estarán atentos al monitoreo que se hará del proceso. Así como de seguir apostando por el país.

Por su parte, Telefónica Movistar Colombia, afirmó que considera que éste es un paso que "beneficiará a todos los colombianos, pero también advierte la necesidad de que el regulador tome medidas diferenciales para controlar esta situación en defensa de los usuarios y de la libre competencia".

Mientras que WOM, el jugador más nuevo del mercado, sostuvo que “es absurdo que un operador aproveche sus ingresos y cuota de mercado para incurrir en prácticas que limitan el desarrollo de la libre competencia”.