Existen varios factores que lastran el crecimiento del país, desde la limitada infraestructura hasta la “tramitología” y la carencia de infraestructura. En un nuevo episodio de EN FOCO, analistas resaltan la importancia de la convergencia entre el sector privado y el Estado para superarlos
UNO DE LOS PRINCIPALES retos del próximo gobierno será el de impulsar la competitividad y volver más atractiva la economía colombiana, sin lo cual es imposible generar nueva riqueza y, en consecuencia, acelerar el progreso social. En un nuevo episodio de EN FOCO, programa de análisis conducido por Andrés Molano como parte de la alianza entre EL NUEVO SIGLO y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, así lo estimaron Felipe Buitrago, coordinador programático de la campaña del presidente electo Iván Duque, y Rafael Puyana, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad.
Según Buitrago “hay una serie de infraestructuras que están estancadas como las 4G, y las vías terciarias del país deben ser concluidas para poder darle vuelta a la economía. En este momento estamos estancados por problemas técnicos y definiciones en los contratos de esas obras”.
Las deficiencias en infraestructura “impiden trasladar un producto de una región a otra con un bajo costo”. El vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, Rafael Puyana, insiste en que sin la infraestructura y sin las condiciones logísticas adecuadas, resulta muy difícil integrar eficientemente las áreas de producción con las de consumo y generar oportunidades de mercado que beneficien tanto a los productores como a los consumidores.
Además del problema de la infraestructura del país, Buitrago señala que la tramitología es otro de los inconvenientes que impide que Colombia sea realmente competitiva. “Si queremos eficiencia debemos simplificar la regulación, haciendo énfasis en la garantía de libre competencia y en la protección al consumidor”. El exceso de trámites y requisitos desestimula la iniciativa privada y encarece la posibilidad de crear nuevas empresas. En ese sentido, es una amenaza al emprendimiento y a la innovación, dos objetivos del próximo Presidente de Colombia.
Es claro, como dicen los expertos, que Colombia está atravesando por una ‘hiperinflación normativa’. El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga ha abordado el tema en el marco del proyecto ‘Calidad institucional: fundamento del desarrollo económico y el progreso social’. Su diagnóstico coincide con la preocupación de Buitrago, compartida también por la de Puyana, para quien la regulación es un tanque de agua que “nos está ahogando”, por lo que es necesario buscar cómo bajar el nivel de agua. “Los funcionarios deben entender que emitir una regulación no es un logro ni una tarea cumplida, sino que debe ser el último recurso a la hora de resolver un problema o atender una necesidad”.
Según los últimos resultados del “Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial” Colombia ha quedado ubicada en el puesto 66 de 137 países, retrocediendo seis casillas en comparación al año anterior.
La corrupción, la ineficiencia en el gasto público, los altos costos de la formalidad laboral y comercial, el desempeño de los servidores públicos, y la calidad normativa, entre otros factores, inciden en la competitividad de las economías.
Según los analistas, la educación es una de las claves para mejorar la competitividad. Inculcar desde el colegio el “chip” del emprendimiento, la formación de empresa y la generación de capital, así como también formar profesionales mucho más capaces y competentes. No puede haber desarrollo económico sin capital humano.
La educación, además, se convierte en una herramienta para que el país compita en el extranjero, no sólo con los productos extraídos, sino también con avances tecnológicos y científicos. De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad, muchos empresarios reportan dificultades por la ausencia de competencias y la dificultad para encontrar profesionales en los campos y con la experticia requeridos. “Es urgente trabajar sobre los talentos de la gente”, enfatiza Puyana.
Competitividad
Aunque por años ha estado en el discurso de los gobiernos y los gremios, muchos ciudadanos ven la competitividad como un asunto técnico, que poco afecta su vida cotidiana y que sólo tiene que ver con la actividad empresarial.
Al respecto, Rafael Puyana explica que “el fortalecimiento de la competitividad no debe verse como algo alejado, como algo que sólo es competencia del Gobierno o de una empresa”. Una mayor competitividad no beneficia solo al Gobierno o al sector empresarial.
Tanto Buitrago como Puyana señalan que la competitividad está directamente relacionada con el bienestar de las personas y la sociedad en general. Para aumentar ambas, se debe emprender un camino dentro y fuera de las empresas, desde tener ambientes laborales sanos y que estimulen la productividad, hasta reducir el tiempo que emplean los trabajadores para desplazarse hacia sus lugares de trabajo.
“Hay un sin número de cosas que puede hacer una empresa de puertas para adentro para ser más competitiva”, dice Puyana. Por su parte, el Estado puede hacer mejores reglas, mejores políticas públicas, proveer más eficientemente bienes y servicios públicos. En todo caso, la sinergia entre el Estado y el sector privado es fundamental para “empujar” la competitividad durante los cuatro años del gobierno de Iván Duque. De ello dependerá, en buena medida, la posibilidad de reducir la inequidad, impulsar nuevas iniciativas productivas, atraer más recursos para la inversión y darles mayor autonomía a todas las personas para ejercer plenamente sus derechos y libertades y hacer realidad sus proyectos de vida.