DE ACUERDO con el último informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), a junio de 2024, el recaudo acumulado alcanzó $136 billones, cifra que está 8,3% por debajo de lo recaudado en el mismo periodo de 2023, es decir $11,2 billones menos.
“Esta cifra representa el 48,7% de la meta de recaudo bruto del Gobierno nacional para 2024, que es de $279,4 billones y se ubica por debajo de la ejecución proyectada, la cual debería estar en el 50,4%”, destacó el CARF en su informe. La entidad señaló, además, que varios rubros impositivos no alcanzaron las proyecciones esperadas para el primer semestre del año.
Señala el Comité, que de los $136 billones recaudados, $68,4 billones corresponden al impuesto de renta, que se encuentra inferior a los 71,4 billones proyectados por el comité. El impuesto de IVA, con $35,3 billones recaudados, también se quedó corto frente a su proyección de $37,1 billones. Por otro lado, los impuestos externos mostraron un desempeño positivo, acumulando 18,6 billones de un total proyectado de 18,1 billones, siendo el único rubro que mostró un cumplimiento óptimo.
Por otra parte, el CARF también presentó un análisis detallado sobre la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) para este año. Hasta junio de 2024, se comprometieron $238,7 billones del PGN, lo cual equivale al 47,4% del total. “El rubro con mayor porcentaje de compromisos es la Inversión (53,9%), seguido de Funcionamiento (46,4%)”, señaló el documento.
Sectores
En términos de obligaciones, estas alcanzan $191,1 billones, equivalentes al 38% del total de apropiaciones. La mayor parte de estas obligaciones corresponden al Servicio a la Deuda, con un 44%, seguido del rubro de Funcionamiento con un 41,3%, y finalmente la Inversión con un 22% de las apropiaciones.
En mayo pasado, la DIAN dijo que ese mes se recaudaron $30,26 billones, lo que representa un aumento nominal de 17,8% y real de 11% si se compara con el mismo mes de 2023. Aunque las cifras son positivas, teniendo en cuenta que hay un aumento en la tributación, los analistas se muestran preocupados porque no habría caja para cubrir casi $27 billones, que se pretenden reunir por concepto de impuestos.
Según los cálculos de Fedesarrollo, en abril se registró la mayor caída del recaudo tributario, desde 2010. La disminución fue de 10,3%, por lo que se está sugiriendo un recorte de los gastos estatales con el fin de cumplir la regla fiscal.
Por otro lado, el CARF, insistió que el Gobierno tiene que cumplir con el recorte adicional de $30 billones, sumados a los $20 millones ya establecidos en junio pasado, para poder cumplir con la meta de regla fiscal para este año.
El director de la CARF, Andrés Velasco, dijo que “si no se produce ese ajuste completo de $50 billones que anuncia el marco fiscal, no se cumpliría la regla fiscal en el año 2024”, cuya meta es lograr un déficit de 5,6% del Producto Interno Bruto.
Para 2024, se programa que se pagarán intereses por cerca de $79,8 billones que corresponden al 4,7% del PIB y al 31% de los ingresos tributarios. Lo anterior, pese a que la deuda neta como porcentaje del PIB se ubicó en 53,8% del PIB en 2023.
Sorpresas
El Comité Autónomo señaló que en el segundo semestre del año puede haber sorpresas negativas respecto a los ingresos tributarios, por tanto, “es posible que incluso por encima de sus $50 billones hay que hacer un recorte adicional para compensar la pérdida de estos ingresos”.
Sobre una eventual reforma tributaria, el director del CARF afirmó que “si el Gobierno nacional produce una reforma que representa mayores ingresos estructurales, podría gastar un poco más de los $313 millones de gasto primario sin FEPC (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles) que está programado en el marco fiscal de mediano plazo”.
Por otro lado, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que el Gobierno no habría cumplido con el recorte de $20 billones. Señalan los expertos, que esta meta de recorte es inferior a los $43 billones, que la misma entidad propone en el reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Según un comunicado conocido por EL NUEVO SIGLO, el Observatorio señala que “esta situación se agrava si se tiene en cuenta que casi la mitad del recorte ($8,2 billones) no son un recorte real del gasto, pues corresponden a recursos programados inicialmente para un pago al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), por concepto del subsidio a los combustibles. Este pago ahora se hará mediante deuda pública, TES, y no en efectivo. Es decir, se pagará una deuda con otra deuda, lo cual no es equivalente a gastar menos”.