Podría decirse que en la democracia el papel de cualquier cuerpo Legislativo es hacerle difíciles las cosas al Ejecutivo, no necesariamente por el prurito de ponerle palos en la rueda a las ejecutorias gubernamentales, sino con el propósito de sacar mejores leyes.

Pero al presidente Iván Duque le está saliendo especialmente difícil la relación con el Congreso, a pesar de haber sido senador (o quizás precisamente por eso).

Para la muestra un botón: el Plan Nacional de Desarrollo.

Haciendo uso del máximo tiempo posible, Duque citó el Congreso a sesiones extras desde el 6 de febrero, “que es el límite para presentar el Plan Nacional de Desarrollo”, como explicó la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, lo que efectivamente ocurrió.

Duque llevó bajo el brazo el proyecto hasta la Secretaría General del Senado, anunciando que el texto radicado fue resultado de un proceso participativo en el que se habrían realizado 48 mesas departamentales y ocho talleres regionales, foros y encuentros sectoriales y académicos a los que asistieron más de 10.000 personas que realizaron cerca de 1.000 propuestas para incluir en el Plan.

Mientras que a esos encuentros habrían asistido autoridades departamentales y municipales, representantes gremiales, organizaciones de la sociedad civil (veedurías, juntas de acción comunal, población vulnerable), organizaciones juveniles, partidos políticos, entre otros actores estratégicos, simultáneamente se habilitó el portal www.pactoporcolombia.gov.co por medio del cual unos 15.000 ciudadanos se habrían sumado a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo con más de 2.500 propuestas de las cuales 873 se habrían incluido en el documento final.

Beneficios

Como era de esperarse, la coalición de gobierno liderada por el Centro Democrático encontró “enormes beneficios” en lo plasmado en el proyecto de ley, mencionando específicamente “las metas educativas, los esfuerzos para el desatraso de infraestructura, el elemento ecológico transversal, el apoyo a la generación de empleo, a la economía naranja, a los proyectos innovativos y al avance en ciencia y tecnología. Así mismo, se encuentra todo el propósito de construir productividad y equidad en la Colombia rural y agropecuaria. Ilusiona el propósito de un gran avance en materia de exportaciones”.

Pero el aplauso de las bancadas oficialistas ni las cifras dadas por la información gubernamental sobre la participación ciudadana convencieron a los congresistas de las colectividades independientes, pues el primer reclamo que le hicieron al Ejecutivo es que espera respaldo a su programa mientras le da la espalda a las iniciativas de los partidos.

Pero si las organizaciones políticas independientes no estaban muy dispuestas a aplaudir el Plan de Desarrollo, mucho menos las de oposición, que corrieron a examinar con lupa el articulado.

Sin embargo, fue la ciudadanía la que se percató del primer lunar del Plan de Desarrollo: la eliminación de los subsidios de energía y gas para el estrato tres y la reducción de los mismos para los estratos uno y dos.

La semana pasada Duque escribió en sus redes sociales que “le he dado instrucción al equipo económico que trabaja en el Plan Nacional de Desarrollo para que los subsidios de servicios públicos a los colombianos más vulnerables no se toquen”. Todavía no hay certeza si se trata de un reversazo a lo planteado en el proyecto.

Pero la oposición sí halló otros peros, como es el caso de los recortes a los recursos para la implementación del acuerdo con las Farc, aunque en su comparecencia ante las comisiones de paz de Senado y Cámara, la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, afirmó que el Gobierno hará algunos ajustes al proyecto para cumplir los compromisos derivados de la negociación.

“El gobierno del presidente Duque está muy comprometido con la paz, con cumplir con los acuerdos. Vamos a cumplirles a las víctimas. Vamos a cumplirles a los 13.000 ex combatientes”, señaló.

Descentralización

Tampoco andan muy contentos con el contenido del proyecto los mandatarios de los territorios que integran la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE), quienes buscarán apoyo de alcaldes y gobernadores de todo el país para que se modifique el texto para algunas iniciativas regionales no tengan que ser aprobadas por el Gobierno nacional.

Como si fuera poco, la Contraloría General de la República alertó al Congreso sobre que la mayoría de las acciones propuestas no tienen indicadores ni metas, y se dificulta el control de resultados y fiscal; tampoco hay propuestas claras de articulación y coordinación entre los distintos sectores ambientales ni hay líneas estratégicas para contrarrestar efectos ambientales de cultivos ilícitos.

Pero la principal alarma encendida por la Contraloría se refiere a que el proyecto del Plan de Desarrollo deroga el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 “con lo cual se elimina la protección y delimitación de páramos para adelantar actividades de exploración y explotación de recursos naturales”.

También allí el Gobierno decidió echarle tijera al Plan, al retirar de la ponencia el artículo correspondiente, según lo anunciaron el viernes el Ministerio de Ambiente y Planeación Nacional a través de un comunicado conjunto.

Otros peros encontrados por la oposición se refiere al agro, sector que según algunos legisladores no es tenido en cuenta. Por ejemplo, el representante por Boyacá, Cesar Augusto Pachón, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), sostuvo además que “no vemos líneas, no vemos metas, no hay presupuestos en casos de vías terciarias, de agroindustria, de cooperativismo y asociatividad. Lo nombran por encima, pero no dicen con contundencia a dónde va a llegar y cómo va llegar”.

En defensa del proyecto, el subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación, Rafael Puyana, precisó que sí “se contempla lo rural, especialmente en temas como la educación y los programas de alimentación escolar” y resaltó que dentro del Plan “se proyectará una inversión de $227 millones para el campesinado”.