Mediante acuerdos entre el Gobierno y el sector privado, comenzó en el país el proceso de la compra de tierras por parte del Ejecutivo, que inicialmente espera adquirir 3 millones de hectáreas que son necesarias para implementar una parte de la reforma agraria.

El acuerdo entre los ganaderos de Fedegán y el primer mandatario busca convertir el campo en unos de los pilares de la economía nacional para elevar la productividad.

Pero, más allá de este acuerdo, existen otros gremios y sectores del campo que también quieren participar activamente en este campo.

No obstante, se necesitan mayores acercamientos y cuentas claras para poder entrar en el mercado de compra de tierras que viene adelantando el Ministerio de Agricultura en cabeza de Cecilia López.

Decisiones

Según Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), esta decisión depende de cada gremio. “Ya corresponderá a cada sector si entra en el mercado que tiene el Gobierno, pero las compras al final del día son individuales”, sostuvo el líder gremial a EL NUEVO SIGLO.

Aunque, como lo afirma Bedoya, más allá de cada gremio, dependerá única y exclusivamente del poseedor de esta tierra decidir si vende o no, para el presidente de la SAC se necesita tener mayor claridad en los términos en los que se llevarán a cabo estas compraventas.

“Indiscutiblemente, y a propósito de lo que dijo el ministro de Hacienda, creo que todavía falta aterrizar, en particular, cómo funcionaría el mecanismo. El Gobierno había dicho que se pagaría con títulos de deuda pública, pero ya el mismo ministro de Hacienda dijo que eso no se podía”, sostuvo Bedoya a este diario.

Es por eso que, más allá de un deseo, hay que revisar con lupa estos detalles del acuerdo firmado con Fedegán, para poder llegar a otro que permita tener claridad en los términos que se pactarán.

“Ahí está el mercado, la ministra dio unas pautas importantes que están contenidas en el acuerdo con Fedegán. Creo que hay que acercarse directamente a los productores, pero definiendo con claridad los mecanismos de compra y todos los procesos”, explicó Bedoya.

Para Bedoya, este es un tema que se debe aclarar, “me parece que lo tiene que definir el gobierno, porque es el que va a comprar las tierras. Pero una lógica de cómo funciona cualquier mercado, pues es que en las transacciones se entrega un bien inmueble y de regreso usted recibe un dinero. Pero obviamente se tiene que definir manera cómo se pueden pagar las compras de tierras, yo creo que eso le corresponde a al gobierno que defina un método que vaya con la ley y que la Constitución lo permitan”.

Aporte gremial

Sin duda alguna, el campo es uno de los sectores más beneficiados con el actual gobierno. Es por eso que desde la SAC se ha mantenido un contacto permanente con el Ministerio de Agricultura para seguir de cerca los lineamientos de gobierno: “como hemos dicho a la ministra desde que la designaron en esta cartera, y hemos tenido la oportunidad de estar con ella, aquí lo que va a encontrar es el apoyo, toda la disposición al diálogo en entender y aterrizar los procesos que ha dado a la opinión pública, a los mecanismos que tiene la reforma”.

Indicó el dirigente gremial que “para nosotros es muy importante no solamente el tema de la tierra, sino también el tema de la dotación de bienes públicos, coincidimos con la asistencia técnica, que vaya no solamente de la mano de la productividad, sino de cómo aprender y saber esquemas de comercialización de sus actividades crédito y pues estamos listos para trabajar en todos los frentes con el conocimiento y la experiencia que tienen los sectores de la producción afiliados la SAC y también con las propuestas que hemos hecho al gobierno”.

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De otro lado, para el gremio de los productores de aceite de palma, Fedepalma, el apoyo es importante, aunque también se necesita que aquellos campesinos que reciban las tierras quieran mantener los procesos productivos.

“Sí hay interés de contribuir al aprovechamiento de esas tierras, cuando sus características y las de las familias beneficiarias estén acordes con los estándares de nuestra actividad en materia ambiental, social y económica”, expresó este gremio de la industria nacional a este medio de comunicación.

Pequeños productores

Aunque existen gremios que tienen terratenientes con cientos o miles de hectáreas, otros se componen de agricultores que en su mayoría son dueños de pequeñas parcelas o, incluso, son arrendatarios de la tierra para el cultivo de sus productos.

Uno de ellos es el gremio de los cacaoteros, donde un 99,9 % son propietarios de pequeñas extensiones de tierra, de 1 o 2 hectáreas. “De entrada le diría que nuestros afiliados no son grandes extensionistas”, explicó la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) a este medio.

“Entonces, muchos de ellos han logrado tener su terreno con muchas dificultades y han comenzado con sus cultivos de cacao a ver resultados positivos, Así que en lo último que pensarían es vender, pero ellos son propietarios muy diferentes a los grandes terratenientes que se ven en la ganadería”, dijo Fedecacao a EL NUEVO SIGLO.

Asimismo, los papicultores, uno de los sectores más interesados en esta reforma, ha manifestado que, en su inmensa mayoría, los propietarios no podrían vender sus tierras, y que, por el contrario, esperan recibir algunas de las hectáreas que el gobierno asigne en esta reforma.

“Nuestros paperos, la mayoría son pequeños y medianos y muchos arriendan tierras”, dijo Fedepapa a este medio.

La forma de pago

Una de las polémicas que ha suscitado el acuerdo entre ganaderos y Gobierno tiene que ver con el método de pago que utilizará el Ejecutivo. Aunque en principio se pretendía hacer uso de bonos de deuda pública para comprar dichas tierras, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, salió a desmentir dichas afirmaciones.

Dentro de lo acordado con los ganaderos, y como reza el texto del acuerdo, está posibilitar la compraventa directa de tres millones de hectáreas de tierra por parte del Gobierno Nacional a personas pertenecientes a ese sector que voluntariamente deseen venderlas.

En cuanto a su precio, el IGAC determinará valores mínimos y máximos de cada una de las ofertas y a esto se sumará para dicha determinación el resultado del catastro multipropósito. Por su parte, el Gobierno asumirá los costos a los que haya lugar para materializar el respectivo negocio jurídico. El pago se efectuará con bonos de deuda pública u otras formas que determine el Gobierno.

Sin embargo, Ocampo dijo que no habrá compra de tierras con bonos de deuda pública, conocidos como Títulos de Tesorería (TES). El jefe de la cartera de finanzas descartó de plano que el Gobierno vaya a comprar tres millones de hectáreas de tierra a ganaderos para la reforma agraria con ese tipo de papeles.

De esta forma el funcionario les salió al paso a algunas declaraciones de otros sectores del Gobierno que plantearon esta alternativa para pagar los millones de hectáreas y además con dineros de cooperación internacional.

Ocampo dijo que “en el Ministerio de Hacienda ya tenemos claro que no se puede hacer. No se puede comprar tierras con TES. Eso no está autorizado”. Respecto a la deuda pública, sostuvo que no se puede aumentar más y que hay que cumplir la regla fiscal.