LOS EMPRESARIOS agrupados en el Consejo Gremial Nacional (CGN) hicieron un llamado al Gobierno para respetar la ley que aprobó el presupuesto de 2024, ante los riesgos de que varias megaobras que están en ejecución queden colgadas por falta de recursos.
El CGN solicitó que se respeten los compromisos adquiridos mediante el mecanismo de vigencias futuras, ante la incertidumbre que genera que los recursos no sean ejecutados en las obras con obligaciones previas.
“El mecanismo de vigencias futuras permite al Estado comprometerse a atender obligaciones en periodos futuros más allá de las vigencias presupuestales durante las cuales se asumieron dichos compromisos”, señaló el CGN.
Según explicó el gremio, las vigencias futuras “son el mecanismo mediante el cual, el Estado puede respaldar compromisos contractuales de aportar recursos, especialmente en los proyectos de infraestructura, que son normalmente de largo plazo”.
“Generar la idea de que eventualmente estos compromisos no serán honrados o pudieran ser sujetos de intentos de renegociación, causa inmensa incertidumbre a los desarrolladores y financiadores que en el pasado han tenido confianza en la seriedad del Estado para cumplir sus obligaciones”, expresaron los empresarios.
Desconfianza
Indican en el comunicado que “esto no solo afectaría a los proyectos y sus operadores y constructores, sino que puede causar un gran daño a la confianza que el Estado colombiano le genere a los mercados nacionales e internacionales con inmensos riesgos en términos de calificación crediticia y evaluación por parte de potenciales aliados”.
Sostienen que “esta pérdida de confianza tendrá efectos muy negativos al momento de desarrollar nuevos proyectos o intentar adelantar trabajos público privados, que irán en detrimento del paı́s, afectando la seguridad jurı́dica, la actividad económica, las inversiones en infraestructura y la generación de empleo y competitividad”.
No castigar proyectos
Por su parte, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, dijo relación con el Presupuesto Nacional 2024, que “entendiendo la compleja situación de las finanzas públicas para 2024, que ha quedado evidenciada en el déficit del presupuesto para este año y que requerirá un ajuste en los gastos, consideramos que dicho ajuste no debe castigar los proyectos que, precisamente, generan dinamismo en la economía, como la infraestructura, grandes vías y construcción de vivienda”.
Sostiene la directiva que “ante un desafío de crecimiento que se presenta en el país, lo que nuestra economía requiere para crecer es impulsar la inversión productiva, reactivando la infraestructura y honrando los compromisos de vigencias futuras sobre los proyectos que actualmente están en marcha. Garantizar el flujo de recursos evitará una parálisis económica y destrucción de empleo, sin perjuicio de llevar a cabo los controles y seguimientos correspondientes para que los proyectos avancen acorde con los cronogramas establecidos”.
Señala que “la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, hace un llamado al Gobierno para que dentro del ejercicio de priorización que ha mencionado el Ministerio de Hacienda, se dé la importancia que tienen los mencionados sectores en términos de la generación de empleo y el movimiento de la economía a través de la compra y venta de insumos y servicios para su puesta en marcha”.
Asegura Lacouture que “Colombia se ha caracterizado por el respeto al Estado de Derecho y la responsabilidad fiscal y macroeconómica. Esos factores han permitido que el país resista, de mejor manera, las crisis globales, al tiempo que ha generado la confianza de los inversionistas que apuestan a mantener sus proyectos productivos en el país. Cualquier cambio en las reglas de juego o en los acuerdos sobre vigencias futuras minará la credibilidad y alejará la inversión”.
Indica, asimismo, que “es necesario enviar mensajes de confianza y certidumbre jurídica ajustando el decreto 2295 de 2023 en lo relativo a los rubros del presupuesto para 2024 y que esté acorde con lo aprobado por el Congreso de la República en la Ley de Presupuesto para este año”.
Antioquia, Cundinamarca, Santander, Cauca y Boyacá; son los cinco departamentos con mayores rubros de inversión en el aire, dentro de las cuatro entidades del Estado envueltas en esta polémica. Esto sin contar a Bogotá, que tiene en vilo varias iniciativas como la primera línea del metro.
Encabezando este listado aparece el departamento de Antioquia, con siete iniciativas en el Invías y ocho en la Agencia Nacional de Infraestructura, que en total suman $ 3,7 billones. Esta cifra asciende a $ 4,1 billones si se adicionan los recursos para el Metro Ligero de Medellín, obra que espera recibir este año $ 483.000 millones.
Para el caso de Cundinamarca, que tiene en vilo proyectos como el Regiotram o las fases 2 y 3 de Transmilenio a Soacha, entre otras obras, los dineros que no aparecen registrados suman $ 1,1 billones. La cifra de Santander es de $ 1,4 billones, que dejaron en el aire iniciativas como la vía Sabana de Torres-Curumaní o el corredor entre Pamplona y Cúcuta.