Tras dos meses de discusiones entre el Gobierno Nacional, ponentes y coordinadores, se aprobó en primer debate el proyecto de reforma tributaria, el cual dejó satisfecho al Ejecutivo, pero inconformes a diversos sectores de la economía con el resultado de la ponencia aprobado en las comisiones terceras conjuntas.

En el bando del descontento se encuentran varios gremios económicos que con antelación habían hecho diversas proposiciones que no encontraron cabida dentro del texto aprobado.

En EL NUEVO SIGLO consultamos con varios gremios para conocer su posición frente a este articulado y cómo podría influir en cada uno de sus sectores.

Cámara Colombo Americana

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham), dice que este texto echaría reversa a varios años de progreso empresarial. “El proyecto como fue aprobado en las comisiones económicas del Congreso de la República representa un retroceso en materia de competitividad para el país y afecta el tejido empresarial colombiano. Si bien hay conciencia sobre la necesidad de contar con recursos para atender las necesidades sociales del país, en el logro de este objetivo no se puede debilitar a la industria, a las empresas que son las generadoras de empleo. Urge que para el trámite de plenaria se propicie un verdadero proceso de diálogo en la búsqueda de consensos para evitar el mal mayor, una recarga excesiva contra el sector productivo, ya suficientemente golpeado por la alta inflación, las perspectivas de una recesión internacional y el aumento en el precio de los combustibles”.

Para la líder gremial, se afectaría el estímulo de los inversores extranjeros por depositar su dinero en nuestro país. “Si el proyecto se aprueba como salió en las comisiones habrá un desestímulo grande a la inversión extranjera, pues Colombia perderá competitividad frente a otros países. También se afectará el empleo y en especial en zonas francas si se mantiene la exigencia de tener un mínimo de exportaciones para continuar con los beneficios de renta. Se genera doble tributación con el impuesto de dividendos y se encarecerán productos que forman parte de la canasta familiar con el aumento de tributos a los denominados ultraprocesados. Si este proyecto es aprobado tal como está, Colombia será un país más costoso para los negocios, se eliminarán derechos adquiridos y tendrá un fuerte impacto en la confianza sobre la estabilidad del país para mantener sus normas y reglas de juego para los empresarios. Es importante que el Congreso y el Gobierno escuchen la voz que han expresado en los últimos días todos los sectores de la producción y transmitir confianza a los inversionistas internacionales”, le dijo a este diario.

Analdex

Para su presidente, Javier Díaz, “el proyecto aprobado realmente no nos gusta, creo que castiga una serie de sectores que se van a ver muy afectados por el incremento en la tributación, particularmente en una coyuntura de alta competencia como la que estamos viviendo”.

Díaz explicó que “dada la coyuntura internacional, con el horizonte lleno de incertidumbre, la posibilidad de una recesión en Europa y en Estados Unidos, incrementar los impuestos de esta manera creo que resulta a todas luces negativo”.

“Ya en los aspectos específicos, nos preocupa el tema de zonas francas. Exigir que las empresas calificadas en Zona Franca exporten de la noche a la mañana, pues eso no es posible, eso es un proceso. Las empresas pueden exportar, muchas de ellas, pero necesitan desarrollar un proceso que los lleve a incrementar sus volúmenes de exportación. Creo que es mejor trabajar un programa de internacionalización a 2 o 3 años que lleve a que las empresas puedan tener esas exportaciones”, puntualizó Díaz.

Para el presidente de Analdex, esto tendría un efecto negativo en la economía: “el efecto es que vamos a ser menos competitivos. Impuestos como los que se les ponen a la industria del petróleo y la del carbón, es indudable que castigan de manera extraordinaria esta actividad y las hacen menos competitivas”, señaló.

Agregó que “en Colombia tienen una estructura tributaria muy alta y castigar de esta manera al aparato productivo no resulta conveniente para la competitividad, para competir con otros actores en los mercados internacionales, y nos preocupa eso, una alta estructura tributaria que castiga la competitividad de nuestro aparato productivo”.

Fenalcarbón

Uno de los sectores que llevarán un mayor peso fiscal es el del carbón, por eso desde Fenalcarbón, su presidente Carlos Cante explicó que “desde el inicio del debate sobre la reforma tributaria hemos participado en diferentes escenarios para advertir al Gobierno y al Congreso acerca de la inconveniencia del impuesto a las exportaciones de carbón y coque, no sólo por los riesgos de inconstitucionalidad de tal medida, sino también por las falencias técnicas de la fórmula de precios altos, que desconoce la realidad de los tipos de carbones producidos en Colombia, los costos y precios diferenciales y el reconocimiento del coque como un producto industrial y no un bien primario, cuyos márgenes se afectan precisamente por el ciclo de precios altos de su principal materia prima, el carbón metalúrgico”.

Tras conocer el texto que avanza en el Congreso, el gremio se manifestó explicando que “las medidas allí propuestas, como la no deducibilidad de las regalías, más una sobretasa de renta dirigida hacia la actividad, que afecta a toda la cadena de suministro, resultan excesivas y carecen de sustento técnico al imponer 10 puntos de sobretasa adicional de renta para 2023, 7,5 puntos adicionales para 2024 y 5 puntos adicionales a partir de 2025”.

“Esta medida afecta de manera notoria la rentabilidad de la industria y sus posibilidades de inversión, desconoce la variabilidad de precios y costos, pero de manera particular amenaza con generar un efecto inflacionario sobre toda la economía, al impactar directamente los costos de bienes y servicios como la generación de energía, la producción de acero, cemento, ladrillo, cerámicas, entre otros sectores que utilizan el carbón dentro de sus procesos productivos. Adicionalmente, le resta competitividad a la industria nacional frente al avance de las exportaciones de países vecinos y otros como China que inundan el mercado global del acero y el coque”, explicó el presidente ejecutivo de Fenalcarbón.

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Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)

Para Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), “es responsabilidad del Gobierno responderle al país, si las medidas tomadas y aprobadas generan los efectos deseados o no”.

“Yo creo que el sector privado y los generadores de empleo, con el conocimiento que tienen de lo que hace bien o no hace bien para sus sectores y para la generación de empleo en Colombia, han dejado muy claro al Congreso de la República las preocupaciones; algunas han sido atendidas, otras no. Claramente el Gobierno y el Congreso han escuchado, pero al final del día lo que realmente tendrá impacto es lo que se apruebe. Y en tal sentido, yo creo que ya será la responsabilidad del Gobierno y del Congreso de la República, de que lo que aprueben, si tiene un impacto positivo o tiene un impacto negativo en la generación de empleo y el desarrollo de las empresas en Colombia, pues ellos son los que tienen que responderle políticamente al país”, señaló Bedoya a este diario.

Desde la SAC se hace un llamado a tener en cuenta estas recomendaciones gremiales en la recta final de la discusión fiscal. “Además, creo que en este trámite final en que avanza la reforma sí era muy importante que tengan en cuenta todos estos vientos de recesión y todo lo que puede ocurrir. O sea, el palo no está para cucharas, y para eso tenemos un ministro de Hacienda que es muy capaz, que evalúe muy bien el impacto de lo que la reforma puede generar en materia de empleo y en materia de crecimiento económico de Colombia”, puntualizó.

En cuanto a cómo podría incidir esta reforma en el sector del agro, Bedoya aseveró que existen algunos puntos que se podrían revisar, “en el caso del IVA, claramente no se meten con la comida de los colombianos, lo cual es positivo. Nos preocupa mucho la derogatoria que están haciendo de la destinación específica de la sobretasa a los bancos, que era para la construcción de vías terciarias, y entonces nos preguntamos, esos cientos de miles de millones de pesos, ¿ahora de dónde van a salir?”.

Asobancaria

Hernando José Gómez, presidente del gremio bancario, opina que este proyecto ha reducido el impacto sobre el sector financiero: “Yo creo que indudablemente, como se radicó el proyecto de ley sí generaba unos grandes problemas al mercado de capitales, porque se subía demasiado el impuesto a los dividendos, porque se utilizaban los precios implícitos y no los precios de transacción, todo eso lleva a que se le hubiera pegado muy duro al mercado de capitales”.

Desde Asobancaria se entiende que habrá un impacto, pero que será menor: “Afortunadamente, luego del diálogo del ministro de Hacienda con todos los sectores y con el Congreso de la República, eso se moderó, se morigeró muchísimo, entonces esperamos que el impacto de esto ya sea bastante más reducido. Obviamente habrá algún impacto, que puede aumentar del 10 % al 20 % la tasa de depósito a los dividendos, pero ya es mucho más moderado de lo que se había planteado inicialmente. Entonces esperamos que el mercado de capitales pueda continuar su labor de apoyo a la financiación de los grandes proyectos”, expresó el dirigente gremial.

No obstante, Anif tiene algunos reparos frente al texto: “Hemos sostenido que una sobretasa diferenciada para un sector económico es antitécnica, resta competitividad y en nuestro caso afecta los esfuerzos que realizan los bancos en materia de inclusión financiera. Por ello reiteramos la importancia de que esta sobretasa sea de carácter temporal (tal como lo trae la ponencia) y proponemos que se desmonte gradualmente”, manifestaron.

Desde el centro de pensamiento piden facilitar la inclusión financiera: “Adicionalmente, insistimos en la inclusión de algunas medidas que hemos propuesto desde la banca para conservar la competitividad del sector y su capacidad de irrigar crédito. Para lograr una mayor profundización financiera se hace indispensable que el Gobierno fortalezca patrimonialmente el Fondo Nacional de Garantías y el Fondo Agropecuario de Garantías y así alcanzar las metas que se han propuesto de mayor cobertura del crédito rural y las mipymes en beneficio de la economía popular”, explicó.

Andi

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi), había sostenido a este diario que si el texto de ponencia llegaba a pasar tal cual lo hizo, sería un problema para ellos.

“Parece especialmente equivocado generar tan onerosas cargas sobre el sector petrolero y minero, que indiscutiblemente ha sido soporte para una buena parte de la economía nacional durante los últimos años. Nadie duda de la necesidad de adelantar un proceso de transformación energética, pero no es comprensible que hoy decidamos marchitar a un sector que ha sido vital para el crecimiento económico y la financiación del Estado durante los últimos 10 años, por lo menos”, indicó Mac Master.

Además, añadió que en Colombia los empresarios ya pagan mucho: “Gran debate generó la publicación del estudio que mostró cómo Colombia es una de las economías con mayores tasas efectivas de tributación del sector empresarial. Sorprendentemente, y casi por primera vez en la historia, surgieron argumentos que niegan esta realidad, registrada no solamente por los balances de las compañías, sino por entidades como el Banco Mundial o la OCDE”.

Y dijo que lograr equipararnos a otros países de la región, sin cobrarles a todos los colombianos, incluso a los más pobres, sería un error: “Llegar a que la tasa de tributación total de la economía como porcentaje del Producto Interno Bruto sea la misma de los promedios internacionales, sin lograr que la totalidad de los colombianos o sectores económicos tributen, no puede ser considerado un logro; por el contrario, debería ser considerado como una profundización de las distorsiones que tanto afectan al porcentaje formal de la población y empresarios colombianos”.

Fenalco

Desde el gremio de los comerciantes, Fenalco, su presidente Jaime Alberto Cabal expuso sus molestias desde el mismo Capitolio Nacional. “En general en los gremios manifestamos nuestra enorme preocupación por no haber sido sometido a un debate público amplio y suficiente el texto radicado como primera ponencia para la reforma tributaria. Creemos que una ponencia con 50 artículos reformados y 16 artículos nuevos, cuando se radicaron cerca de 70 en el transcurso del primer debate, merece una mayor socialización con la sociedad civil y con todos los actores de la vida nacional”, dijo.

Acopi

Rosmery Quintero, presidenta del gremio de micro, pequeños y medianos empresarios (Acopi), cree que se debe dar un debate más profundo: “Todavía le falta un gran debate. Primero, hay mucha celeridad con un tema tan complejo y que puede afectar la inversión y también reducir la capacidad de consumo. Por otro lado, nosotros sabemos que si bien es cierto se está ampliando la base, se están quitando muchísimos beneficios que se tenían, eso de una u otra manera termina impactando mucho más tanto al ciudadano asalariado como al sector empresarial, específicamente en la micro, pequeña y mediana empresa”.

Según la dirigente, para ese sector habría varios puntos que afectarían la actividad: “Cuando estamos buscando formalidad nos sorprende que hayan retirado del beneficio del Simple al grupo 3, y son 21.000 personas que se habían acogido. Entonces, hay que mantener la estabilidad en las normas o leyes que se emiten y, por otro lado, nosotros somos un sector transversal a otras cadenas, entonces nos preocupa lo que se está contemplando con minería. En el tema de renta, nosotros insistiremos hasta el último momento en que, siguiendo el principio de progresividad, de equidad, las MiPymes que tienen una condición distinta y que la mayoría de ellas no pueden acogerse al Simple, por las mismas características, tengamos una renta diferencial por lo menos del 30 %”.

Así va la reforma

Con el texto de primer debate aprobado, cabe recordar que entre las principales modificaciones se destaca la eliminación de los impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón, que se reemplazaron por dos normas: se restableció la no deducibilidad de regalías y el establecimiento de una sobretasa en el impuesto de renta a las empresas mineras y petroleras, que equivale al 10 % en el primer año, 7,5 % en el segundo y 5 % en el tercero.

En cuanto al impuesto al patrimonio, se detalló que será progresivo. Las tarifas marginales serán a partir de 0,5 % para los patrimonios de más de $3.000 millones, 1 % para los de más de $5.000 millones y, únicamente por cuatro años, del 1,5 % para los de más de $10.000 millones.

Así mismo, resaltó que se redujo la lista de los alimentos ultraprocesados gravados, para evitar una afectación a los hogares más vulnerables y a los tenderos.

“Otro cambio importante que fue acordado fue el del Régimen Simple de tributación, en el que se bajaron las tarifas de ese impuesto, con lo cual esperamos que muchas más empresas se formalicen en materia tributaria, que es muy importante para el sector empresarial y el desarrollo de la economía nacional”, indicó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.“El proyecto aprobado realmente no nos gusta, creo que castiga una serie de sectores”: Javier Díaz