LA PROPUESTA del presidente Gustavo Petro de eliminar la regla fiscal, ante las complicaciones que muestra la economía con los malos resultados del tercer trimestre, traería para el país enormes consecuencias en su condición financiera. Precisamente, uno de los primeros impactos ayer fue el aumento del precio del dólar en casi $ 100 pasado a $ 4.077.

Analistas económicos muestran cómo la estabilidad económica del país podría afectarse con la propuesta de no cumplirla. Además, se encarecería el crédito para el país y se complicaría la calificación soberana.

Desafortunada

El primer ministro de Hacienda del actual Gobierno, José Antonio Ocampo, dijo en un trino que “esa idea es desafortunada. El anuncio de su modificación es negativo: genera desconfianza en el manejo económico del país”.

Ocampo señaló en su trino que era crucial esta normativa, para contribuir a la estabilidad macroeconómica en Colombia, incluso para dinamizar la productividad, que es lo que en el fondo el jefe de Estado pretende con su nueva iniciativa.

“La regla fiscal es esencial para el país, teniendo cuenta en particular los altos niveles de endeudamiento del gobierno. Tiene, además, elementos contracíclicos y, además, el fuerte crecimiento de los ingresos tributarios dan un margen importante para aumentar la inversión pública y contribuir a la reactivación de la economía”, agregó.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, dijo “modificar la regla fiscal y generar todavía más gasto público sería peor y más insostenible porque no habrá quien pague impuestos”.

Para el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo “eliminar la regla fiscal en este panorama, solo destruirá el valor de la moneda, encarecerá la deuda, afectará el valor de los activos y detonará pobreza”.

Las reformas

En otro orden, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, afirmó que lo que en el fondo busca el presidente es comprometer y poner en riesgo a las arcas del Estado.

“Si gasta aumentando el déficit por encima del tope de la regla fiscal, como ha dicho quiere hacerlo, el Gobierno tendría que endeudarse más y esa demanda adicional de dinero en el mercado sube aún más la tasa de interés, lo que frena aún más la economía”, reprochó.

Peñalosa de hecho lo invitó a incentivar la inversión de particulares en vez de provocar pánico entre ellos, para contrarrestar este revés en la economía.

“¿Por qué no ensaya frenando sus reformas que aterrorizan al sector privado, dejando de llamar a cualquiera que parezca empresario “oligarca esclavista”, apoyando los sectores petroleros, de gas, minero, como lo hacen en Canadá, Noruega, Brasil, Australia, EE. UU., Rusia?”, indicó.

Reglas de juego

Para el analista económico, Julio César Alonso, la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro sería un cambio total en las reglas del juego a nivel financiero “Esto es cambiar las reglas de juego y abrir un espacio para que después otro tipo de gastos deseables también se salten la regla.

Al saltarse la regla fiscal también se iría incrementando la deuda que tiene el país y de esta forma se verían afectadas las finanzas públicas a nivel externo. “Se elevarían las tasas de interés porque habrá mayor endeudamiento”, indicó Alonso, y agregó que esta decisión podría enviar una mala señal a los inversionistas del exterior.

Hernando Zuleta, profesor titular de la facultad de economía de Los Andes, opinó que la decisión del presidente “sería un error monumental. Si la señal es que vamos a romper la regla fiscal, habrá una lectura del mercado de que la deuda es menos sostenible y habrá tasas más altas”.

“El Gobierno no necesita relajar la regla fiscal, sino acelerar la ejecución de gasto público, en general, en obras públicas”, añadió.

Los riesgos

Por su parte en un análisis más detenido sobre los riesgos de modificar la regla fiscal, el Instituto de Ciencia Política (ICP), recalcó que la medida “garantiza que el gobierno no gaste por encima de lo que le permita el recaudo fiscal, y que cuando lo haga, exista un límite de endeudamiento con nuevos acreedores. La percepción que los acreedores tengan de la capacidad de pago del Gobierno de Colombia para hacer frente a sus obligaciones, determinará qué tan fácil será acceder a nuevos préstamos para financiar sus proyectos, cuando los gastos fiscales sobrepasen el monto recaudado. Esta percepción está determinada por la calificación de la deuda soberana del Gobierno de Colombia por diversas centrales calificadoras de riesgo”.

Sostiene el centro de pensamiento que “ha sido una decisión compartida por las calificadoras de riesgo mantener “perspectivas estables” para la deuda soberana de Colombia. No obstante, manifiestan que las calificaciones están restringidas por los altos déficits fiscales que están decreciendo (Fitch Ratings). Manifiestan confiar en que los ingresos adicionales derivados de la reciente reforma tributaria, ayudarán a reducir los déficits fiscales al mismo tiempo que financiarán el nuevo gasto social (S&P). De igual modo, esperan que los arreglos institucionales continuarán desempeñando un papel estabilizador para que las directrices de política se mantengan dentro de los límites definidos por las políticas existentes, particularmente en el frente fiscal (Moodys)”.

Dice el ICP, que “en tanto que todas las calificadoras han valorado la regla fiscal como garante de la capacidad de pago del gobierno colombiano, iniciar la discusión filosófica propuesta por el actual ministro de Hacienda acerca de los contenidos actuales de la regla y de las expectativas a largo plazo de su examen, incita a que los mercados crean que el gobierno colombiano requiere incumplir con la regla fiscal. De este modo envía un mensaje de riesgo a las calificadoras, incitándolas a revisar la evaluación de sus perspectivas sobre la deuda soberana de Colombia”.

Con ello, “esto puede traducirse en una reducción del número de acreedores dispuestos a financiar los gastos fiscales de Colombia, así como, a incrementos sustanciales en los intereses a los que el gobierno del presidente Gustavo Petro podrá acceder a financiación.

Mantener el rumbo

“Corresponde al Gobierno nacional mantener los parámetros que actualmente rigen la regla fiscal y considerar las implicaciones de abrir un debate sobre su modificación. Proponer la flexibilización de la regla fiscal genera riesgos, porque resulta en un aumento constante de la prima de riesgo y de las tasas de interés a las que el gobierno accede para obtener préstamos, aumentando el costo de financiación de sus programas y dificultando la capacidad que tiene para responder eficazmente a situaciones de crisis. En este contexto, las perspectivas macroeconómicas se deterioran”, aseguran los analistas.

Ante la propuesta del presidente, indican que “el Congreso de la República deberá garantizar el respeto a la regla fiscal, en particular ante futuros proyectos de ley presentados por el Gobierno nacional con los que pretenda modificarla. El debate político requerirá de criterios técnicos y deberá tener en cuenta los impactos negativos que una medida de esta naturaleza podría generar en el crecimiento económico y la superación de la pobreza”.

Los gastos de los gobiernos deben tener un límite porque se financian con el dinero de los contribuyentes y porque la irresponsabilidad fiscal es duramente castigada por los inversores internacionales. En la medida en que el gobierno necesite un mayor recaudo para financiar su operación, los contribuyentes perderán la capacidad administrar sus propios ingresos y su elección individual será sustituida por la toma de decisiones gubernamentales, reduciéndose su libertad económica y con ella la posibilidad de ejercer sus derechos económicos fundamentales de producción y consumo.

Los límites que impone la regla

La ley 1473 de regla fiscal instaurada en Colombia durante la administración de Juan Manuel Santos en 2011 impone límites al endeudamiento público. La normativa fija como meta fundamental el aseguramiento de la estabilidad de las finanzas del país, estableciendo un techo para la deuda de hasta un 71% del Producto Interno Bruto (PIB) y un nivel óptimo, conocido como ancla de deuda, del 55% del PIB.

En detalle, el artículo 5 de la mencionada ley establece como prioridad la “sostenibilidad de las finanzas públicas”, para que así la deuda no exceda un límite preestablecido. Esto implica que las obligaciones financieras del Estado no deben sobrepasar el 71% del valor total de la economía nacional, con una recomendación de mantenerse en un rango preferente alrededor del 55% del PIB, según lo interpretaron varios expertos económicos.

Por lo tanto, la regla fiscal se puede tomar como una herramienta esencial para la gestión económica del país, actuando como un mecanismo de control y prevención ante un excesivo endeudamiento. Esta estrategia es un reflejo del compromiso del gobierno por preservar la solidez fiscal, evitando comprometer la economía a largo plazo y manteniendo un margen de maniobra responsable.