DIAN da a conocer cuáles son las características de los envíos a través de la red

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El superintendente financiero, Jorge Castaño, hizo un llamado a los consumidores de productos bancarios a tener cautela con las claves de las tarjetas de crédito y débito, teniendo en cuenta que los fraudes cibernéticos se han disparado especialmente a través del hackeo de cuentas bancarias usando enlaces falsos.

Se estima que el 70% de las estafas proviene del fraude cometido con tarjetas de crédito en pagos presenciales y no presenciales, así como por transacciones realizadas por Internet.

“El llamado es a recordar que la seguridad del producto en la primera persona que recae es en el usuario, viene una temporada en la que se acerca el pago de las primas y demás por lo que el llamado es a la ciudadanía para que cuide su dinero y no perder de vista la tarjeta débito o crédito”, sostuvo Castaño.

Aclaró que aunque el sector financiero ha salido bien librado de los diferentes ataques cibernéticos, los usuarios son el blanco de los hackers para hacer sus estafas.

“En la medida en que el sistema financiero se va tecnificando, que va incorporando tecnología, también se amplía en el espectro de los riesgos a los cuales se está enfrentando, en materia de ciberseguridad podemos ver que han evolucionado los ataques cibernéticos donde la más afectada es la banca” puntualizó Castaño.

Según Asobancaria el 70% de las reclamaciones que los clientes de las entidades financieras hacen, son por fraude fruto de robos cibernéticos.

El gremio señaló que es necesario tener extremo cuidado con los links que los ladrones les envían a las víctimas de fraude, para llevarlos a una página paralela a la real de los bancos.

La segunda recomendación es no abrir correos sospechosos que puedan contener programas maliciosos.

Asimismo recomendó manejar con discreción la información para los medios de pago y las claves, para no caer en las garras de los ladrones cibernéticos.

Según estudios especializados, el fraude cibernético asciende a cerca de $200.000 millones al año.

Advertencia de DIAN

A menos de un mes del último Black Friday de 2017, son muchos los colombianos que, desde ya preparan el presupuesto para aprovechar esta jornada de eCommerce pensando en conseguir los regalos que se entregarán a sí mismos y/o sus familias en las fiestas de Navidad y fin de año.

Sin embargo, otros, con el mismo sentir para las temporadas, están considerando cuáles son los centros comerciales y tiendas donde menos congestión, filas, contratiempos encontrarán para adquirir sus obsequios.

Para la DIAN es necesario que quienes realicen compras a través de Internet tengan en cuenta que la modalidad de importación de sus pedidos virtuales se denomina Tráfico Postal y Envíos Urgentes, la cual tiene un tratamiento aduanero regulado por el Decreto 2685 de 1999 y la Resolución 4240 de 2000.

Según esta modalidad, se podrán importar los envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: el valor no debe exceder los US$2.00. El peso no debe exceder los 50 kilogramos.

No pueden incluirse mercancías sobre las cuales existan restricciones legales o administrativas para su importación, salvo cuando se trate de envíos que no constituyan expedición comercial. Se entenderá que se trata de envíos que no constituyen expediciones de carácter comercial, aquellos que no superen 6 unidades de la misma clase.

Vale la pena tener en cuenta que las labores de recepción y entrega de importaciones por tráfico postal, no son adelantadas por la DIAN. Estas se encuentran a cargo de la Administración Postal Nacional y las empresas legalmente autorizadas por ésta. Las de envíos urgentes se realizan directamente por las empresas de transporte internacional, que hubieren obtenido licencia del Ministerio de las TIC como empresas de mensajería especializada.

Ahora bien, los intermediarios de esta modalidad deben inscribirse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- y constituir garantía bancaria o de compañía de seguros por el equivalente a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, renovable anualmente, cuyo objeto es garantizar la entrega de los documentos a la Aduana, la presentación de la declaración, el pago de los tributos aduaneros y sanciones, así como el valor de rescate por abandono cuando a ello hubiere lugar.