Las recientes declaraciones del Gobierno a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al afirmar que solo cuenta con recursos disponibles para 20.500 de los 50.000 subsidios de Mi Casa Ya que habían sido anunciados en enero de ese año, dejaron en la incertidumbre al sector.

Incluso, de ese total de 20.500 subsidios, 6.000 ya se encuentran preasignados y el resto están en una larga fila de espera, pero con el riesgo de que los beneficiados desistan ante las demoras en la adjudicación.

Precisamente sobre esta misma situación, esta semana desde la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) se envió a EL NUEVO SIGLO y otros medios una información preocupante que daba a conocer las dudas del sector sobre el desarrollo de vivienda este año.

El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, dijo en ese comunicado que “si a los desistimientos se les suma la caída en las ventas, el ritmo de inicios de obra podría ubicarse por debajo de las 55 mil VIS en 2025, un nivel cercano al que se observó entre 2010 y 2011″, y apunta a que el próximo año podrían perderse hasta doscientos mil puestos de empleo.

El empleo

Según cifras del DANE, en agosto de este año el sector de la construcción perdió 84 mil plazas de empleo y es uno de los más afectados a nivel nacional. En el segmento de vivienda se perdieron 79 mil empleos, de los cuales 47 mil (59 %) fueron trabajos de obreros, oficiales y operarios. De esta manera, el presidente de Camacol resaltó que se está afectando a los hogares y trabajadores de menores ingresos.

Asimismo, en el texto de Camacol se menciona que las medidas anunciadas por el Gobierno en materia de reactivación económica no han sido suficientes para contrarrestar la caída en generación de empleo. Señalan, además, que varias de las medidas provenientes del gabinete de gobierno resultan contraproducentes para la estabilidad del sector.

“Desde julio de 2023 el Gobierno Nacional viene anunciando una política de recuperación económica para impulsar el crecimiento del país, para lo cual se mencionó de manera reiterada la necesidad de proteger el empleo e impulsar sectores que, como la construcción, generan impacto en el corto plazo. No obstante, transcurrido más de un año, dicho plan no ha sido implementado y, por el contrario, las políticas públicas adoptadas podrían disipar los esfuerzos que desde el sector privado se vienen realizando para reactivar la vivienda”, sostiene el gremio.

Efectos negativos

De acuerdo con Camacol, la reducción en los subsidios de Mi Casa Ya para 2025 y la adopción de medidas de salvaguardia tendrán efectos negativos en la construcción de vivienda popular y en el empleo a nivel nacional.

Herrera, su presidente, dijo que “la principal preocupación del gremio es que la menor disponibilidad de subsidios vuelva a generar un crecimiento en el número de hogares que deben desistir de la compra de su vivienda. Esto necesariamente afectará los ritmos de obra y el empleo, en un escenario en el cual no se ha implementado el plan de reactivación del sector anunciado por el Gobierno Nacional”.

Según un informe, se prevé que el presupuesto para programas de vivienda se reduciría en un 39 %, pasando de $4,3 billones en 2024 a $2,66 billones en 2025.

Las iniciadas

De acuerdo con el último reporte del DANE, en el segundo trimestre de 2024 se iniciaron 45.059 unidades de vivienda, lo que significó un decrecimiento de 1,9% con respecto al trimestre inmediatamente anterior.

Del total de unidades iniciadas, 37.918 se destinaron a apartamentos y 7.141 a casas. De la cifra total, 28.887 se destinaron a vivienda de tipo VIS (23.550 a apartamentos y 5.337 a casas) y 16.172 a vivienda diferente de VIS (14.368 a apartamentos y 1.804 a casas).

Señala la entidad de estadística que el decrecimiento de 1,9 % en el número de unidades iniciadas respecto al trimestre anterior se explicó principalmente por la disminución de 4,7 % en la vivienda de interés social, que restó 3,1 puntos porcentuales a esta variación.

Por el contrario, las unidades iniciadas para vivienda diferente de interés social presentaron una variación de 3,7 % y aportaron 1,2 puntos porcentuales a la variación trimestral.

Por otro lado, se registró un decrecimiento de 10,7 % de las unidades iniciadas en el segundo trimestre de 2024, respecto a lo registrado en el mismo trimestre del 2023, cuando el total de unidades iniciadas fue 50.473. La vivienda de interés social registró un decrecimiento de 5,9 % y restó 3,6 puntos porcentuales a la variación anual.

Así mismo, las unidades diferentes de vivienda de interés social presentaron una variación de -18,2 %, restando 7,1 puntos porcentuales a la variación anual.

Decrecimiento

Sostiene el DANE que en los últimos doce meses acumulados a junio de 2024 se iniciaron 188.922 unidades de vivienda, lo que representó un decrecimiento de 6,4 % con respecto al periodo comprendido entre julio de 2022 y junio de 2023.

Las unidades de vivienda de interés social decrecieron 3,0 % y restaron 1,9 puntos porcentuales a la variación. Así mismo, las unidades de vivienda diferente de interés social disminuyeron 11,9 % y restaron 4,5 puntos porcentuales a la variación doce meses.

Entre enero y junio de 2024 se iniciaron 90.983 unidades de vivienda, lo que representó un decrecimiento de 11,9 % con respecto al periodo comprendido entre enero y junio de 2023, en el cual se iniciaron 103.257 unidades de vivienda.

Las unidades de vivienda de interés social decrecieron en 7,5% y restaron 4,7 puntos porcentuales a la variación. Así mismo, las unidades de vivienda diferente de interés social disminuyeron 19,0 % y restaron 7,2 puntos porcentuales a la variación año corrido.

El impuesto al acero

Camacol sostiene que además de la reducción en la disponibilidad de subsidios que afecta la demanda de los hogares de menores ingresos, por el lado de la oferta, las recientes medidas arancelarias adoptadas ponen en jaque la capacidad del sector para producir vivienda de interés social.

En el último año se han adoptado al menos cuatro salvaguardias y gravámenes que tienen un impacto significativo dentro de los costos de la construcción. Se trata del Decreto 2214 de 2023, los decretos 1227 y 1294 de 2024 y la Resolución 288 de 2024 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que imponen aranceles que pueden ser de hasta el 30 % para productos importados de hierro, acero y aluminio.

Solo las medidas adoptadas este año afectan el 88 % de las importaciones de aluminio, el 55 % de las importaciones de alambrón y el 31 % de las importaciones de barra. Herrera manifestó que “es claro que el Gobierno no realizó una evaluación integral del impacto que estas medidas pueden generar en la economía y en la vivienda”.

El Decreto 1294 de 2024 establece una medida de salvaguardia consistente en un gravamen arancelario ad valorem del 30 % adicional al arancel de Nación Más Favorecida (5 %), a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, originarias de países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes.

En este sentido, el decreto entra en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y por el término de dos años. No obstante, la medida del decreto no se aplicará a las importaciones que se realicen en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación