Ante un escenario retador con las finanzas públicas, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), pidió al Gobierno tomar decisiones inmediatas para frenar el aumento del hueco fiscal para este año.

“Hacemos entonces un llamado para que el Gobierno revise las cifras fiscales para este año con un recorte de gasto de $26 billones, consistente con las menores cifras de recaudo. Un recorte de gasto de esta magnitud enviaría un mensaje de responsabilidad fiscal, en consistencia con la Regla Fiscal. Esto seguramente sería bien recibido por los mercados financieros, tendría un efecto positivo en la prima de riesgo país y, por tanto, se traduciría en una reducción en las tasas de interés de la deuda pública”, solicita el centro de pensamiento en un análisis sobre las finanzas conocido por EL NUEVO SIGLO.

Reconoce en su investigación, que, al conocerse las cifras de recaudo tributario de abril, que mostraron una preocupante caída en términos anuales de 40,9%, el panorama no es nada alentador.

Cambios tributarios

Buena parte de esta caída en las cifras de abril se explica por un menor recaudo de la DIAN en el impuesto de renta y renta-cuotas, que frente al mismo mes del año pasado cayó 51%.

Señala el informe que “estas cifras mensuales están afectadas por un cambio en el calendario tributario. Este año el primer pago de renta de personas jurídicas cayó en mayo, y no en abril como el año pasado, por lo cual las comparaciones anuales pueden amplificar la reducción en el recaudo”. Explica que “asumiendo que el recaudo en mayo creció en términos nominales cerca al 11%, como lo declaró recientemente el saliente director de la DIAN, la caída en el impuesto de renta sumando abril y mayo sería cercana al 2%. Frente a la meta de recaudo, las cifras reveladas en el acumulado enero-abril alcanzan un cumplimiento de 73% y un faltante de $12 billones en términos netos”.

De todos modos, ANIF insiste que “estas cifras de menor recaudo son preocupantes y son síntoma de un entorno de bajo crecimiento. Adicionalmente, la composición sectorial de las cifras de actividad está siendo adversa para las metas de recaudo, como lo advertimos en uno de nuestros informes a comienzos de abril”.

A su modo de ver, el informe indica que el recaudo tributario estaría siendo afectado no solo por un menor dinamismo de la economía como un todo, sino por la divergencia sectorial observada desde el año pasado. Los sectores que durante los últimos años más aportaron al recaudo tributario, como Minas y Canteras, Industria, y Comercio, tuvieron un pobre desempeño en 2023, y de acuerdo con las cifras preliminares continuarán con un bajo dinamismo en 2024.

A lo anterior se suman preocupaciones por la gestión de la DIAN, como el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla ha señalado, y por el faltante de ingresos asociados a los arbitramentos de litigios tributarios que fueron programados para este año, a pesar de las advertencias de ANIF, otros centros de pensamiento y muchos analistas.

“Recordemos que inicialmente el Gobierno programó $15 billones de ingresos para este año por este concepto, que luego fueron revisados a $10 billones en la actualización del Plan Financiero.  Como se advirtió desde el comienzo, estos ingresos no se materializarán”, sostiene el informe.

Menos ingresos

Frente a este escenario, dice ANIF, “nuestros modelos de recaudo proyectan ingresos tributarios brutos por $286 billones en 2024 que, en términos netos y descontando la mayoría de los ingresos de litigios, sugieren un faltante por $26,3 billones frente a los $289 billones de recaudo neto de la DIAN programados en el Plan Financiero”.

Establece el informe financiero, que “estas cuentas tienen un alto nivel de incertidumbre y en buena parte dependen del comportamiento de la actividad económica y de los ingresos fiscales del segundo semestre. No obstante, un hueco estimado de $26,3 billones es preocupante y amerita que el Gobierno sincere sus cuentas en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo el próximo 14 de junio”.

Asegura que “es necesario que el Gobierno anuncie un recorte de gasto del tamaño de dicho faltante para este año. Esto enviaría un mensaje de responsabilidad fiscal y seguramente tendría un efecto positivo en los títulos de deuda pública.

Sin embargo, el centro de pensamiento, recalca que el Gobierno ya debe tomar las riendas del manejo fiscal, con un recorte representativo del gasto, que, sin duda bajo esta coyuntura, tendrá que afectar los proyectos de inversión en infraestructura, sobre todo en lo referente a vías, construcción de vivienda, y otros que desde luego van a frenar la generación de empleo.

La Regla Fiscal

En el último informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estimaba que el recorte de gasto para este año debía ser de alrededor 1,4% del PIB ($23 billones) para cumplir el objetivo de déficit establecido por la Ley de la Regla fiscal.

Asimismo, el Carf estimaba que este año habría un aumento de la deuda neta de entre 2 y 4 puntos del PIB. "Esta perspectiva resulta preocupante, debido a que reversa la tendencia observada con posterioridad a la pandemia y, especialmente, lo alcanzado en el 2023".

De acuerdo con la Carf, "una mayor deuda pone presión sobre la prima de riesgo país y aleja las finanzas públicas del objetivo de consolidación fiscal necesario para asegurar el cumplimiento de la Regla Fiscal en el mediano plazo. Hay que recordar que las metas que quedaron explícitas en la transición de la Ley, son un camino para acercar las finanzas públicas a los objetivos de la Regla Fiscal que redundan en un nivel de deuda sostenible".

El Carf advierte que el gasto primario, excluyendo pagos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), experimentará un aumento sustancial de $51 billones entre 2023 y 2024, representando un incremento del 17.6%. Contrapuesto a esto, los ingresos estructurales solo crecerían $28 billones, una vez descontados los ingresos provenientes de arbitrajes de litigios.

Presupuesto

En su momento, la Carf reconoció las restricciones presupuestarias que imponen ciertas inflexibilidades, lo que limita la capacidad de ajuste de los nuevos gastos incorporados en el Presupuesto General los ingresos necesarios para su financiamiento.

Pero también aumenta al identificar posibles erogaciones no contempladas en el PGN, como los pasivos del sector salud, la presión inflacionaria sobre los gastos operativos y los recursos para hacer frente a las implicaciones de las decisiones tarifarias en peajes y energía.

Sin duda, la percepción de riesgo sobre la consolidación fiscal se mantiene alta, ya que, aunque el Gobierno mantuvo el acceso a los mercados, tanto locales como internacionales, los costos de la deuda persisten en niveles elevados.

Cifras preocupantes en finanzas

En la postura de ANIF, coincide el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien sostuvo a este Diario el viernes pasado, que la única salida que le queda al gobierno para paliar el déficit en algo, es emprender un recorte al gasto de por lo menos $20 billones.

Mejía dijo el recaudo tributario en Colombia en los primeros cuatro meses de 2024, representa el dato más bajo en 24 años.

Detalló que estos datos, que corresponden a las cifras entregadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), son muy preocupantes, debido a que representan una caída mayor a la registrada durante la pandemia.

Mejía indicó que “el recaudo va mal. Con una caída del 10 % frente al mismo periodo del año anterior. El Gobierno tendrá que recortar el gasto público este año. En nuestros cálculos el recorte tendría que ser del $20 billones para evitar un incumplimiento de la regla fiscal”.