Una reforma estructural al sistema de control fiscal del país, propuso el auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra. Al hacer un balance de esta situación resaltó su importancia y las necesidades de su reestructuración para combatir la corrupción, la ineficiencia y procurar el buen uso de los recursos públicos.

“Los resultados obtenidos por los Organismos de Control no son los más satisfactorios, por lo que se requiere con urgencia la realización de reformas de tipo estructural en el esquema de control de los recursos del erario, que permitan a las contralorías del país actuar con eficiencia y eficacia en la salvaguarda del patrimonio público”, afirmó Rodríguez Becerra.

Igualmente expresó que, para la Auditoría General de la República (AGR), la eliminación de las contralorías territoriales como se ha venido planteando, no soluciona los problemas de falta de efectividad que hoy aquejan al control fiscal y mucho menos permite corregir los altos niveles de corrupción administrativa existentes en el país, situación que sitúa a Colombia en el puesto 96 de la percepción de Transparencia Internacional entre 186 países, en el cual el primer lugar en transparencia lo ocupa Nueva Zelanda y el último Somalia.

La posición de la AGR es la de realizar una reforma integral al actual sistema de control fiscal, reconociendo que es allí, en la territorialidad, en donde cobra valor fundamental y utilidad social el concepto de descentralización.  “Por tal razón, consideró que se debe crear formalmente un Sistema Nacional de Control Fiscal efectivo, con atribuciones para proponer, coordinar y armonizar políticas públicas cohesionadoras en las materias de su competencia”, enfatizó Rodríguez.

De fondo

El Auditor General de la República consideró necesario realizar modificaciones de fondo al sistema de control fiscal, dando importancia debida al principio de colaboración armónica al determinar claramente un nuevo esquema de relaciones interinstitucionales en términos de roles, recursos, responsabilidades y competencias de todos los organismos de control del país. 

Entre los aspectos que el Auditor considera importantes incluir está implementar el control posterior inmediato, elevar a rango constitucional la función fiscal de advertencia, hacer efectiva la coordinación entre los Organismos de Control Fiscal y el Control Interno administrativo, y fortalecer la capacidad sancionatoria de las contralorías de los que roben recursos del erario.

Rodríguez Becerra resaltó algunas cifras reportadas por las contralorías a la Auditoría General, según las cuales la mayor parte de los procesos de responsabilidad fiscal adelantados no culminan con imputación de responsabilidad. 

De los 26.847 procesos ordinarios que se adelantaron entre el 2016 y el 2017 y que involucran posible daño de recursos públicos por $46.6 billones, apenas 2.969 procesos (11,06%) en cuantía de $3,3 billones han culminado con imputación de responsabilidad; 3.901 procesos (14,5%) por valor de $5.8 billones se han fallado sin responsabilidad o han sido archivados; 753 procesos (2.8%) fueron archivados por pago en cuantía de $404.241,5 millones; 18.890 procesos (70,4%) se encuentran aún en trámite por $36,85 billones y lo que es más grave, en 334 procesos (1.24%) por valor de $216.673,8 millones se ha presentado el fenómeno de la caducidad o la prescripción de la acción fiscal.

Con este panorama se encuentra que por regla general los procesos duran años, con pocos éxitos en cuanto a sanciones y/o la recuperación de recursos malversados o de la reparación del daño económico causado. Frente a esta angustiosa necesidad, la AGR no ha sido pasiva y viene desarrollando un Modelo Integral de Gestión Fiscal. Esta experiencia debe ser tomada como base para crear el Sistema Nacional de Control Fiscal.

En consonancia a la AGR se constituyó el Observatorio de la Política Pública de Control Fiscal, entidad de orden académico y científico, que tiene como propósito crear información para la sociedad a partir de los resultados del ejercicio auditor.

El Auditor General de la República insistió en la urgente necesidad de reflexionar y dimensionar el verdadero alcance del control fiscal en el país, que permita hacerlo realmente contundente y eficaz, para que de manera efectiva contribuya a combatir el flagelo de la corrupción y la ineficiencia.