Telefónica, operadora de Movistar, inició un arbitraje contra Colombia con el apoyo del despacho internacional White & Case. La operadora presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), dependiente del Banco Mundial, con la intención de hacer frente a una sanción impuesta por el país a la operadora española y la mexicana Claro.

Ambas empresas iniciaron el pasado agosto conversaciones con el Gobierno de Colombia para evitar el pago de un total de 1.500 millones de euros, unos $4,7 millones, exigido por un tribunal de arbitraje administrativo, de los que 318 millones de euros corresponden al grupo español y más de 1.000 millones al mexicano.

No obstante, pese a que los intereses son comunes para ambos grupos, cada cual ha emprendido estrategias diferentes.

La española pretendía agotar todas las vías de negociación a su alcance antes de acudir al CIADI, mientras que el operador, propiedad de Carlos Slim, ya comunicó el asunto al organismo internacional, un extremo al que se acaba de sumar ahora la compañía presidida por José María Álvarez Pallete.

La obligación del pago del impuesto por el laudo del Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio dejaría sin recursos a los dos operadores, que no podrían afrontar las inversiones en el despliegue de redes y en las mejoras en el servicio de telefonía móvil, con el riesgo que eso supone para los principales jugadores del sector de las telecomunicaciones y el perjuicio directo que eso derivaría en los ciudadanos y en el conjunto del país.

Por ese motivo, la compañía realizó en agosto pasado una ampliación de capital que le permitió pagar su parte correspondiente de la sanción.

El litigio que perdió Movistar Colombia y Claro, obliga a las telecos a devolver el valor de unos activos que exceden las propias concesiones de frecuencias que recibieron hace 24 años. En dicho pago se valoran los recursos técnicos que permiten la actividad de la telefonía móvil, tales como la plataforma tecnológica, los sistemas, las estaciones base y el resto de infraestructuras de la red.

Confiar en ADJE

Ante esta situación, el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, señaló que el país cuenta con una agencia que tiene como principal función defender los intereses de la Nación en los pleitos tanto en Colombia como fuera del país.

Añadió que estos pleitos en el exterior van a ser recurrentes, porque en un escenario de mayor integración, mayor globalización y mayor inversión extranjera, es normal que se presenten este tipo de controversias.

"La Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación, acaba de recibir una transferencia por parte del Ministerio de Hacienda por $13 mil millones, para contratar a los mejores abogados que puedan defender los intereses de la Nación frente a todas estas controversias, que no son una ni dos sino varias", explicó Cárdenas.

De otro lado, el jefe de la Cartera de Hacienda añadió que "Colombia tiene la seguridad en el caso de la controversia presentada por Telefónica, que es similar a la que presentó Claro, que lo que se hizo fue aplicar una decisión de un tribunal de arbitramento que ordenó un pago, y lo ordenó porque había una serie de bienes que debían revertir a la Nación después de la terminación de un contrato de concesión de manera que tenemos los argumentos".