Aumentar el salario del año entrante, 5% por encima del índice de la inflación total de 2017, propusieron los trabajadores agrupados en la Confederación General del Trabajo, CGT.

De acuerdo con este sindicato, los trabajadores no deben seguir siendo las víctimas de las erráticas políticas económicas de los gobiernos.

El presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez Esguerra, aseguró que con diferentes argumentos, los presidentes de la República y sus equipos económicos han sometido a los trabajadores a devengar salarios de hambre pero se niegan a adoptar medidas de fondo para combatir la corrupción y la inaceptable voracidad del sistema financiero, dos de las causas más importantes de las cíclicas crisis económicas de Colombia.

Gómez Esguerra afirmó que la absurda y pírrica propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, de incrementar el salario básico para el año entrante en un 4,5% contrasta con las insultantes ganancias obtenidas por el sector financiero que representa, las cuales alcanzaron el mes de julio pasado los $4,7 billones, lo que demuestra la nula sensibilización social de los banqueros con la economía del país y con los trabajadores.

El dirigente sindical criticó, además, el escaso compromiso del sector financiero para contribuir con la formalización y la generación de trabajo decente con salarios dignos.

Expresó, igualmente, la preocupación de la Confederación General del Trabajo por la persistente pérdida del poder adquisitivo de los colombianos por las nefastas consecuencias que ha tenido la reciente reforma tributaria que descargó sobre los hombros de los trabajadores toda la crisis que ha generado la corrupción, el despilfarro del erario y el abandono de las políticas sociales.

Finalmente, el presidente de la CGT defendió el derecho a la huelga para todos los trabajadores, hoy expresado por los pilotos de Avianca porque es un mecanismo legítimo contemplado en la Constitución para reclamar las reivindicaciones a las que tiene legítimo derecho la clase trabajadora.

Posición de ANIF

El centro de estudios económicos a comienzo de la semana recomendó un ajuste del Salario Mínimo Legal, SML, que no desborde el 4,5% para 2018, cifra que resulta de sumarle a la inflación (4,2%) unas ganancias de Productividad Laboral del 0,3%. De ser así, el SML se elevaría de los actuales $737.700/mes a los $779.900/mes.

Un mayor incremento del SML tendría el riesgo de mermar la buena generación de empleo que se ha tenido durante 2017, debido a las rigideces estructurales del mercado laboral colombiano.

El próximo gobierno de 2018-2022 deberá estudiar cuidadosamente cómo superar dicha inflexibilidad laboral, siendo los principales escollos los elevados costos no salariales, los cuales bordean el 50% aun después de la reducción de 13,5 puntos porcentuales ordenada por la Ley 1607 de 2012; y los elevados costos de despido que enfrentan las firmas (representando casi 60 semanas de salario para trabajadores con más de 20 años de antigüedad; para el caso de cinco SML este sobrecosto se eleva a $50 millones por trabajador).

La coyuntura de 2017-2018 representa un desafío en el frente laboral para Colombia, por cuenta de la desaceleración económica hacia crecimientos de solo un 2% anual y su efecto en la tasa de desempleo, llevándola hacia el 9,5%.

Así, es crucial mantener en cintura los sobrecostos laborales y evitar que el ajuste del SML desborde las ganancias en productividad.

Solo así será posible aprovechar los TLC, que hasta el momento no muestran diversificación exportadora significativa.

El Gobierno deberá afinar su pedagogía laboral en 2018 de cara al fallo del Consejo de Estado que ahora le exige “explicar y defender los cálculos” detrás de los ajustes del SML, cuando no se logre un acuerdo al interior de la Comisión Tripartita, sostuvo ANIF.