Uno de los grandes avances en la Administración pública en Colombia ha sido, sin duda, el de la meritocracia. Es decir, los concursos que se realizan para escoger a los funcionarios más competentes para acceder a los cargos públicos del orden nacional, regional y local.

Lamentablemente, muchos de los concursos de méritos terminan imbuidos en una gran cantidad de enredos operativos y jurídicos que los dilatan por mucho tiempo. Esta circunstancia es la que da lugar a que una fracción nada menor de empleados oficiales no sean de carrera, sino que trabajan bajo el estatus de trabajadores provisionales o contratistas.

Estas dos últimas categorías, como todo el país lo sabe, son las que permiten que muchas vacantes en el servicio público se llenen con personas designadas, como se dice popularmente, “a dedo” y, no en pocas ocasiones, bajo maniobras de clientelismo, politiquería y corrupción.

No se trata de un hecho menor. A finales del año pasado algunos informes de prensa daban cuenta de que uno de cada tres funcionarios en la rama ejecutiva estaba designado como provisional o contratista. Es decir, que no hicieron parte de ningún concurso de méritos para llegar al puesto. A estos le seguían los empleados en cargos de “libre nombramiento y remoción”, que tampoco son seleccionados en procesos de escogencia formales y regulados. Todo lo anterior llevaba a concluir que menos del 38% de los funcionarios son, efectivamente, de carrera administrativa.

En el actual gobierno el volumen de contratistas en las entidades del nivel central se ha disparado, al punto que hay instituciones en donde menos del 20% de la planta de personal es permanente.

El ‘cuello de botella’ en muchos casos es la demora de las propias entidades para convocar estos mecanismos de meritocracia. Porque ciudadanos interesados en participar es lo que sobra.

Prueba de ello, por ejemplo, es lo que acaba de informar la Contraloría General en torno a que un total de 629.632 personas se inscribieron al concurso de méritos que se abrió para proveer 3.144 empleos vacantes de carrera administrativa. Es una cifra que, sin duda, impacta, no solo por la cantidad de interesados, sino por lo que la misma trasluce respecto a los índices de desempleo en nuestro país. En solo Bogotá se postularon 230.755 ciudadanos.

Queda claro, entonces, que es imperativo reformar todo el sistema de ingreso al servicio público. Tal cantidad de funcionarios en estado de provisionalidad o contratista no solo afecta la calidad y eficiencia en el manejo de la cosa pública, sino que es campo propicio para el clientelismo y la corrupción.