Mientras que en la Corte Constitucional avanza el análisis del alud de demandas contra la reforma pensional, de las cuales ya incluso once fueron admitidas, en los entes de control se continúan dando campanazos sobre anomalías en el actual sistema.

Por ejemplo, en menos de una semana la Procuraduría lanzó dos alertas al respecto. Por un lado, llamó la atención al Ministerio de Trabajo y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez por lo que consideró como un alto número de casos de represamiento de solicitudes para alcanzar una pensión por discapacidad.

Las cifras son preocupantes. De acuerdo con el ente de control disciplinario, con corte de diciembre del año pasado, estaban en trámite más de 11.417 casos de personas que esperaban su valoración final para acceder a su pensión por invalidez, “sin que hasta el momento reciban la decisión por parte de las autoridades pertinentes”.

Para la entidad del Ministerio Público es “reprochable” que las personas tengan que esperar entre cuatro y hasta doce meses para obtener la respuesta a su solicitud de jubilación por invalidez. Ese lapso tan amplio es claro que constituye una vulneración de los derechos de esta población.

Por otro lado, la Procuraduría también requirió a las directivas de Colpensiones y de las Administradoras de Fondos Privados (AFP) para que cumplan con los mandatos de la Ley 2381 de 2024 (es decir, la reforma pensional que está bajo estudio en la Corte Constitucional) con el objeto de priorizar el trámite de traslado para los ciudadanos que a la fecha cumplen con las disposiciones de tiempo y edad.

De paso, la entidad de control disciplinario solicitó a los afiliados al sistema de seguridad social que reúnen los requisitos de transición contemplados en la normativa hacer uso de la ventana de oportunidad de traslado, que busca facilitar el proceso de este. En este proceso, según la Procuraduría, es clave acudir a la instancia de doble asesoría en los siguientes términos: ciudadanos que han cotizado 750 para mujeres, 900 para hombres; y, además, que les falten menos de 10 años para cumplir con la edad establecida para obtener el derecho a la pensión.

De hecho, la entidad del Ministerio Público urgió cumplir la circular de la Superintendencia Financiera expedida el pasado 10 de septiembre, en la cual se instruye a Colpensiones y los fondos privados de pensiones para que adelanten jornadas masivas en que suministren la información necesaria a los afiliados con el fin de agilizar los trámites de traslado del régimen.