EL SISTEMA General de Participaciones superó su último debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes y ahora el proyecto avanza a la conciliación entre Cámara y Senado. En ese sentido, el trámite de conciliación podría tener un cuello de botella en la discusión de la ley de competencias porque va a modificar las funciones del Estado y le dará nuevas funciones a los entes territoriales.
Bajo ese orden de ideas, EL NUEVO SIGLO consultó con congresistas ponentes del proyecto quienes explicaron cómo ven la discusión que se avecina en la conciliación del proyecto. Al respecto, la senadora Angélica Lozano de Alianza Verde explicó que “este proyecto mejora la participación y la capacidad institucional de los municipios y de los departamentos lo que permite el cierre de brechas sociales y de desigualdad. La ley de competencias será la condición para que entre a regir este acto legislativo, pero esperamos que el plazo de doce meses para que el Gobierno traiga el proyecto de ley de competencias. El monto del 39% quedó aprobado, pero lo razonable era ajustarlo al 37% de los ingresos de la nación para que fuera un monto alcanzable”.
Así mismo, el senador Ariel Ávila de Alianza Verde señaló que “urge la descentralización porque la mayoría del territorio nacional está por encima del promedio de índice de pobreza monetaria. Con la aprobación de este acto legislativo en 2028 se invertirán $108,4 billones, lo que significa que sin este proyecto se invertirán más $110,0 billones de pesos. La transición no va a ser de un golpe, sino gradual, obviamente que a medida que pasan los años se va aumentando con un crecimiento suave y controlado por la nación y que nos garantiza que estamos dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este proyecto no va a causar la quiebra de la nación y eso lo reiteraremos en la conciliación del proyecto, porque los recursos salen de los mismos ingresos corrientes de la nación que son los que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”.
En la Cámara de representantes el panorama es diferente, al respecto se estima que el proyecto tiene falencias que pudieron corregirse, sin embargo, el ponente de la iniciativa el representante Carlos Ardila del Partido Liberal explicó que “el Ministerio de Hacienda advierte que si no se distribuyen competencias esta reforma resultará inviable en lo fiscal. Por eso consignamos una ley de competencias porque no debe haber una dualidad de competencias, porque si no descentralizamos funciones se generará una carga fiscal pesada para el nivel central. Lo que se debe discutir en la conciliación es cómo reducir funciones al Estado en pro de este proyecto. Dejamos claro que las competencias que tiene hoy nivel central debe enviarlas a territorio”.
Congresistas de las regiones
Por su parte, el representante Oscar Darío Pérez del Centro Democrático explicó que “el 39,5% aprobado luce muy alto según expertos en economía, y se había planteado por la Comisión de Descentralización un 36%. La discusión se va a centrar en una ley de competencias que debe quedar bien hecha, que cada peso trasladado debe disminuir en el nivel central, pero algunas entidades van a desaparecer y otras se reducirán. El plazo para esa ley será hasta de 12 meses. La vigencia será a partir del 2027 y se mantiene la gradualidad de 12 años. Pero todo esto está sujeto a la sostenibilidad fiscal, es decir que deben someterse a la Regla Fiscal y al aval del Ministerio de Hacienda”.
A su turno, la representante Katherine Miranda de Alianza Verde, señaló sobre el particular que “el proyecto va a tener consenso del Gobierno en el Congreso a pesar de las alertas que dieron los expertos en economía como el Bando de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Nos quedamos prácticamente solos votando en contra del Sistema General de Participaciones y el proyecto va a pasar sin problemas. Lo que debemos esperar es que la Corte Constitucional le dé aval, ya que se calcula que la deuda fiscal podría llegar al 83% del PIB, el Ministerio de Hacienda calcula que para cubrir lo que vale esta reforma sería cercano a nueve reformas tributarias y hoy no sabemos cuáles van a ser las competencias del Estado y de los Territorios”.
El senador de Cambio Radical, Carlos Julio González, dijo al respecto que “este proyecto lleva de manera gradual la participación al 39,5% en 12 años y quedará un año para expedir la ley de competencias que es la columna vertebral del proyecto, esperamos que llega desde la Cámara, por fortuna tenemos más coincidencias que diferencias y esta iniciativa debe compensarle a las regiones cerca de $198 billones que ha dejado de recibir desde 1991. Los recursos provienen de la nación, no se están generando nuevas fuentes de financiamiento y lo que se discute es quién, cómo y en qué porcentaje lo administra y la ley de competencias va a marcar las funciones de cada nivel territorial”.
De igual manera, el senador Richard Fuelantala del Partido de Autoridades Indígenas AICO, explicó que “el trámite del proyecto permitió su aprobación y creo que no habrá mayores cambios para que esto se convierta en ley de la República. Sin embargo, serán las competencias de los entes territoriales lo que se va a evaluar, bajo el actual modelo es insuficiente y se deben recortar muchas de las funciones que están centralizadas y asignarlas a los entes territoriales. Además, existe duplicidad de funciones en ministerios e instituciones, así como un exceso de burocracia y es necesario hacer ajustes en esos aspectos”.
Luego el senador Carlos Meisel del Centro Democrático afirmó que “la aprobación la recibimos con respeto al llamado que han hecho algunos exministros de Hacienda sobre la situación fiscal del país y el haber adelgazado la burocracia del Estado, que no se iba a dar por determinación libre del Gobierno nacional y había que forzar al Estado a bajar el gasto para que esto vaya a las regiones. Desde el Congreso hago un llamado a los exministros a que vengan y nos ayuden a construir una ley de competencias que nos beneficie a todos los colombianos. El proyecto está recién aprobado y destacamos que no subieran el porcentaje ni modificaron la vigencia que será desde 2027”.
Porcentaje aprobado
En el último debate, la Cámara de Representantes aprobó un porcentaje acordado de 39,5% de los ingresos corrientes de la nación, provenientes del Presupuesto General. Una transición de 12 años como está en la ponencia. Se reforzaría el tema de la ley de competencia: no habrá acto legislativo que entre en vigencia, sino hay ley de competencias, pero este proyecto será presentado por el Gobierno nacional.
Se incluye la financiación de mínimo dos años de escolaridad de educación preescolar y dos años de educación superior, con la concurrencia del Gobierno nacional. Se reduce a seis meses el tiempo de la presentación de la ley de competencias con el objeto de tener un año para discutirla. Se incluye como principal objetivo, el marco de cierre de brechas.