Una vez más la política gubernamental de “paz total” está en el ojo del huracán. En esta ocasión por cuenta de una polémica tan cíclica como desgastante: los criterios aplicados para designar a integrantes de grupos armados ilegales como “gestores de paz”.

Esta figura, como se sabe, ha sido utilizada por la oficina del Alto Comisionado de Paz para reconocer la pertenencia y capacidad de vocería, excarcelar, levantar órdenes de captura e incluso autorizar la movilización −con escoltas oficiales y vehículos blindados− de reconocidos cabecillas delincuenciales. Todo esto en aras de facilitar diligencias para avanzar procesos de diálogo y negociación entre el Ejecutivo y facciones subversivas o bandas criminales de alto espectro.

Si bien las distintas versiones de la Ley 418 −marco legal de los procesos de paz− permiten que los gobiernos de turno otorguen a integrantes de grupos ilegales determinadas prerrogativas, como evitar la detención automática de sus cabecillas y delegados en las respectivas mesas, no se puede negar que al actual Gobierno esta facultad le ha acarreado muchas controversias y un reclamo constante de la opinión pública, las autoridades y las víctimas.

Uno de los casos más sintomáticos, sin duda alguna, es el de Alexander Farfán, alias ‘Gafas’, antiguo mando medio de las Farc que durante varios años fue ‘carcelero’ de los militares, policías y dirigentes políticos secuestrados por esa guerrilla en las condiciones más inhumanas posibles. De hecho, él y alias ‘César’ eran los cabecillas del frente que mantenía cautivos a la excandidata Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y once integrantes de la Fuerza Pública rescatados, en julio de 2008, por el Ejército en la célebre Operación Jaque.

‘Gafas’ fue condenado por este y otros delitos graves, pero en 2017 salió de la cárcel por cuenta de los beneficios del acuerdo de paz, quedando sometido a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Sin embargo, fue expulsado en septiembre del año pasado porque había sido capturado en una operación contra las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Mordisco’, comprobándose así que había vuelto a delinquir. Sin embargo, pese a esos graves antecedentes y en medio de la indignación y estupefacción de centenares de sus víctimas, apenas unas semanas después el gobierno Petro lo designó “gestor de paz” y lo excarceló, ello en el marco de los acercamientos que adelantaba con esa facción subversiva, responsable de múltiples homicidios, masacres, secuestros, desplazamientos forzados, extorsiones, atentados terroristas y ataques a la Fuerza Pública en el suroccidente y suroriente del país.

Como se recuerda, esa escalada de violencia y los evidentes incumplimientos al cese el fuego fueron denunciados reiteradamente por gobernadores, alcaldes y muchos sectores del país ante un Gobierno nacional indolente y sordo. Solo en julio pasado, forzado por las circunstancias, el Ejecutivo finalmente rompió la negociación con ‘Mordisco’ y ordenó una ofensiva militar en su contra.

Pues bien, ahora se vino a conocer que ‘Gafas’, el designado “gestor de paz” y excarcelado por orden gubernamental, no solo volvió a las disidencias, sino que es cabecilla de frente en el Cauca, culpable de muchos delitos, incluyendo el secuestro de una concejal a la que, según un impactante vídeo del día de su liberación ante una comisión humanitaria, conmina a no volver a la región so pena de graves consecuencias.

No es el único caso escandaloso con “gestores de paz”. De hecho, los beneficios otorgados bajo esta figura son uno de los flancos más críticos de la accidentada implementación de la política de paz. Graves anomalías que van desde el aprovechamiento de las prerrogativas por parte de los criminales para seguir delinquiendo (como si tuvieran una especie de ‘patente de corso’) hasta la táctica de postularse cíclicamente como tales con el único fin de ser excarcelados y burlar a la justicia.

La “paz total” hoy hace agua en todos sus frentes: sin salida en la negociación con el Eln, fraccionamiento de la mesa con las disidencias, problemas jurídicos para avanzar las tratativas con las reincidencias y vacíos normativos insalvables para viabilizar esquemas de sometimiento a la justicia del ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pachenca’ y otras bandas criminales de alto espectro…

Lo más grave es que mientras opinión pública, víctimas y autoridades presencian impotentes la ‘mano blanda’ del Ejecutivo con las organizaciones delincuenciales y los “gestores de paz”, la inseguridad y el desorden público campean en todas las regiones. Un pico de violencia incontenible resultado, en gran parte, de una política de “paz total” que limita el accionar de la Fuerza Pública, deja inerme e indefensa a la ciudadanía rural y urbana, desmoraliza a uniformados y jueces, y que lleva al Estado a perder soberanía y preeminencia territorial e institucional.

Así las cosas, la conclusión es innegable: la miopía de la “paz total” tiene como principal resultado el fortalecimiento y expansión de los grupos armados ilegales, así como la burla a las víctimas y la justicia.