No se sabe qué termina siendo más alarmante: el crítico diagnóstico multisectorial que hicieron los gobernadores en su primera cumbre de este año, o la respuesta insuficiente e incluso despectiva de la Administración Petro.
Difícilmente se puede encontrar en un mismo escenario una descripción tan realista y cruda de lo que está pasando en las regiones como la que se hizo esta semana en Villa de Leyva. Los titulares departamentales pusieron sobre la mesa una gran cantidad de problemáticas. La principal, sin duda alguna, el panorama de inseguridad y desorden público que prima en muchas regiones. No hubo gobernador que no advirtiera sobre un pico de delincuencia común y organizada en su región, aumento de homicidios, auge del narcotráfico, ola de extorsión y otros crímenes de alto impacto. Así como urgieron más pie de fuerza, efectividad militar y policial contra el Eln, grupos residuales de las Farc, bandas criminales de alto espectro, carteles de drogas, minería criminal, trata de personas, hurtos y contrabando… También demandaron correctivos urgentes a la accidentada política de “paz total”.
Otro de los clamores de los mandatarios seccionales se refirió a las decisiones del Gobierno Nacional Central que, en medio de la crisis fiscal, está recortando la inversión social regional y local, afectando los proyectos de infraestructura, transporte, agro y energía, entre otros.
Asimismo, hubo reclamos por los problemas en la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la crisis del sistema de salud, la atención de contingencias climáticas, el pleito de los peajes, el desborde de la protesta social, así como los lesivos efectos del desmonte o recortes de subsidios como los de vivienda de interés social y otras transferencias económicas directas e indirectas a las poblaciones más vulnerables.
No faltaron los campanazos sobre sesgos del Gobierno Nacional Central en su relación con algunas administraciones departamentales que están en la otra orilla política, así como por el clima permanente de inestabilidad en la nómina ministerial y otras entidades, lo que dificulta la interacción entre la Casa de Nariño y las administraciones territoriales.
Lamentablemente, desde el presidente de la República para abajo, las respuestas a los reclamos de los gobernadores fueron insuficientes, llenas de lugares comunes y políticas en el papel. Incluso, algunas de las alarmas, pese a su gravedad, no generaron respuestas inmediatas y planes de choque. Por el contrario, el Jefe de Estado y los ministros que fueron a Villa de Leyva esquivaron muchas peticiones y en otras la única respuesta fueron las promesas, tantas veces incumplidas, de analizar los flancos de crisis y tomar medidas eficaces prontamente.