En un país que, lamentablemente, se ve golpeado de manera constante por los escándalos de corrupción, hay noticias que impactan más que otras debido a su extrema gravedad o a la cuantía de las pérdidas para el erario.

Por ejemplo, la semana que hoy termina, la opinión pública quedó estupefacta por las acusaciones que hiciera la Fiscalía en el marco del arranque de la audiencia de imputación a los dos principales implicados en las millonarias anomalías contractuales y de destinación presupuestal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Este caso, como se sabe, ha salpicado a ministros y altos funcionarios del gobierno Petro, así como a una decena de congresistas, aunque es muy posible que en el desarrollo del proceso penal terminen siendo señalados una gran cantidad de empleados oficiales, parlamentarios y particulares más…

Sin embargo, en medio de la estupefacción esta semana por las implicaciones de este caso, se conocieron otras investigaciones por presunta corrupción que también implican grandes cifras de dineros oficiales y entramados de irregularidades a gran escala.

Por ejemplo, la Procuraduría General reveló que un equipo especial de la entidad adelantó una inspección disciplinaria a la empresa de servicio públicos de Cali (Emcali) con el fin de establecer responsabilidades por un presunto “megarrobo” de energía que se viene presentando en la capital del Valle, que podría estar alcanzando la impresionante cifra de $50.000 millones mensuales en pérdidas para la compañía oficial caleña.

La situación es tan grave que la titular del Ministerio Público designó al procurador delegado para la Vigilancia Administrativa como funcionario especial para esclarecer esta delicada situación.

La denuncia inicial se conoció a través de medios de comunicación que informaron sobre un presunto cartel de robo de energía liderado por funcionarios activos, exfuncionarios y contratistas de Emcali que estarían alterando, con dispositivos electrónicos, los contadores de energía de grandes empresas, moteles y residencias de lujo. Según se reveló estas actividades ilegales tendrían como objetivo reducir de forma anómala las lecturas sobre el verdadero consumo. Por ello, la red estaría cobrando a los dueños y administradores de estas compañías y negocios privados cuotas mensuales que se calculan en al menos $6.000 millones.

De confirmarse este ilícito sería, sin duda, uno de los escándalos de corrupción más graves de la última década en materia de fraudes a empresas de servicios públicos en todo el país.

No en vano, la delegación de la Procuraduría, con apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, se tomó durante dos días las instalaciones de Emcali para recaudar todas las pruebas documentales, testimonios clave y evidencias en terreno sobre la comisión de estas irregularidades.

Ahora lo que procede es la evaluación de todo ese acervo y la individualización de los funcionarios y particulares que estarían detrás de este millonario detrimento. Como es apenas obvio, la Fiscalía también adelanta ya una indagación penal al respecto e igual pasará con la Contraloría. Dado el alto monto del presunto caso de corrupción, todas las entidades deberían conformar equipos especiales para llegar al fondo de este escandaloso caso.