Uno de los efectos de las últimas elecciones en Estados Unidos, que ganó con creces Donald Trump y cuyos resultados aún tienen sorprendidos a analistas y politólogos, consiste en el lugar preponderante que pueden adquirir los empresarios en los próximos cuatro años. Tanto como impulsores de una economía que el presidente electo aspira a proyectar muy por encima de los positivos resultados actuales (EE. UU. es hoy de lejos y contra todos los vaticinios de hace unos años la indiscutible potencia mundial) como por los aportes que los mismos empresarios puedan realizar en procura de un Estado más ágil, moderno y eficaz.
En este último caso, como se sabe, Trump ha encargado a Elon Musk y Vivek Ramaswamy, dos de los más grandes empresarios norteamericanos, del plan para un gobierno eficiente en Estados Unidos. Para nadie es secreto, en efecto, que el Estado allí conserva grandes fallas, ineficiencias al por mayor y, en particular, un pertinaz burocratismo que tirios y troyanos ven como una patología a resolver. No debería sorprender, pues, que se ponga rápidamente en marcha la consabida reforma, aplazada una y otra vez, o muchas veces obstaculizada por mandos medios e intereses políticos de segundo orden, que han impedido mejorar la trayectoria estatal norteamericana.
Bajo esa perspectiva, el plan empresarial para la mejora del Estado, liderado por el tándem Musk-Ramaswamy y con el pleno respaldo de Trump, consiste en un amplio portafolio de reducciones administrativas, revisiones regulatorias y un ahorro de costos generalizado. Y que será llevado a cabo por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), con fecha límite al 4 de julio de 2026.
No obstante, todavía sin siquiera entrar en vigencia, se quiere demediar el plan por la sola circunstancia de que está liderado y asesorado por los dos grandes empresarios, en especial Musk, el hombre más rico del mundo. Y de ello los críticos opositores, que por encima se declaran ampliamente favorables a las modificaciones, pero por debajo pretenden erosionarle los pies, advierten que la presencia de los “magnates” debe despertar sospechas inmediatas. Es decir, una anómala presunción de mala fe que a la larga traen a cuento por el solo hecho de haber sido estos dos empresarios reconocida y extensamente exitosos en sus actividades mundiales.
Al respecto, verbi gracia, el informe central de la revista The Economist. De la que por lo demás se sabe que en la campaña adhirió editorialmente a Kamala Harris. Y que ahora, en la edición que comenzó a circular ayer, pretende crear un manto de recelos en torno a los líderes de la crucial reforma administrativa que, en todo caso, se cuida de respaldar como inaplazable y necesaria. Desconfianza, por su parte, que lleva al acreditado medio a sugerir de antemano una supuesta corrupción que ni se ha producido ni por supuesto es la pretensión ni tiene por qué ser motivo de aprovechamientos ilegales futuros. Todo lo contrario: es en el exceso de trámites, papeles y burocracia donde anida la corrupción. Tanto en Estados Unidos como en Cafarnaúm. Una vez más, entonces, se cae en el mundo de las ficciones para crear realidades inexistentes. Que al tenor fue la gran conducta derrotada en las elecciones norteamericanas recién acontecidas.
Ciertamente, esa conducta también puede ser el resultado de que, a pesar del largo trayecto democrático de los Estados Unidos, nunca un empresario había llegado a la presidencia de aquella nación. Podrá no ser Trump el exponente más eximio del empresariado norteamericano, pero en parte no pocos sufragaron, según los mismos votantes señalaron en los exit-poll, por su trayectoria en la iniciativa privada, con sus altas y bajas naturales. En su primer mandato, bisoño en el manejo del Estado, Trump se demoró por ejemplo varios meses en conformar su equipo. Hoy, en su segundo periodo y mucho más aquilatado, tiene de aliados a los empresarios, cuya medida es la eficiencia y los resultados. Que esa experiencia sirva para mejorar los fines esenciales del Estado no es para nada negativa, sino auspiciosa.
Como lo han señalado Musk y Ramaswamy en un extenso documento publicado en Wall Street Journal, donde se consigna la estrategia, se tendrá como base uno de los fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia, según el cual el Ejecutivo ha extralimitado las autorizaciones dadas por el Congreso en mucha de la carga burocrática, la tramitología y las regulaciones federales que se pretenden disminuir o eliminar. Con ello se buscará, asimismo, poner coto al gasto excesivo y a la burocracia innecesaria con el fin de disminuir los 500.000 millones de dólares anuales correspondientes a esos rubros. Muchos de los cuales, además, se van en auxilios y subvenciones estatales a fundaciones y programas sin soporte en las leyes y otorgados al capricho de los ordenadores del gasto. De hecho, también se abrirá un programa especial para que la reducción de personal se acompase con una transición laboral hacia el sector privado.
No es, pues una tarea fácil. Pero sin duda será un verdadero “revolcón” frente a la apropiación parasitaria que ha sufrido el Estado norteamericano en décadas. Además, plan que recibió la consagración electoral en la última jornada presidencial y parlamentaria. Por lo cual, evadirlo sería incumplir una promesa frente a los contribuyentes. Nada más, pero nada menos.