EL NUEVO SIGLO: ¿Qué tan riesgoso o peligroso es para la institucionalidad judicial lo que propone la ley reglamentaria de la Jurisdicción Agraria y Rural?

HERNANDO HERRERA: La Corporación Excelencia en la Justicia comparte plenamente las inquietudes a ese respecto, presentadas por el Consejo de Estado y por la Corte Suprema de Justicia e inquietudes que se centran fundamentalmente en que vía a esa reglamentación no se estén desconociendo las competencias asignadas constitucional y legalmente al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia.

Lo segundo, que existan recursos idóneos para que precisamente esos dos altos tribunales puedan conocer de las materias de fondo de las controversias de las que conozcan los jueces agrarios y puedan definir, y sentar jurisprudencia en beneficio de la seguridad jurídica en ese sector y lo tercero, que no se desborde el marco constitucional asignándole a la Agencia Nacional de Tierras facultades omnímodas y adicionalmente sin permitir de manera idónea que sea la justicia en todo caso la que tenga la última palabra con relación a ese tipo de disputas.

ENS: ¿Es cierto que se le están dando poderes superlativos a los jueces?

HH: Lo que más se cuestiona de ese proyecto es específicamente que se dejen de crear recursos que de manera idónea permitan que el Consejo de Estado y la Corte, como órganos constitucionales de cierre en sus diferentes jurisdicciones, puedan revisar de manera idónea, todo tipo de decisiones que los jueces agrarios en primera instancia emitan o prefieran.

De lo contrario, se estaría generando no solamente caos, sino también inseguridad jurídica y esa es una recomendación valiosa que habría que dar para darle mayor solidez al proyecto de ley que viene tramitándose en el Congreso.

ENS: ¿Cómo analiza el proyecto de reforma presentado por la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia en torno a la justicia premial?

HH: La Corporación Excelencia en la Justicia comparte los lineamientos fundamentales del proyecto presentado por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia en lo que hace a la justicia premial y piensa que ese escenario es fundamental para asegurar varios elementos en la gestión del sistema penal acusatorio.

Mayor celeridad, mayor eficiencia y mayor descongestión y en ese sentido nos parece que privilegiar para determinados delitos, desde luego no para todos, esa justicia premial es una acción que nos parece oportuna y propicia para mejorar y fortalecer el sistema penal acusatorio.

ENS: Hay expertos que consideran que el problema para el combate de la delincuencia en Colombia no está en el hacinamiento carcelario, sino en el alto índice de reincidencia delictiva. ¿Cuál es su posición al respecto?

HH: El problema en cómo opera la delincuencia y que ella se sienta envilecida para seguir perpetrando todo tipo de actos irregulares se debe a diferentes circunstancias. Lo primero es una baja identificación de los responsables o autores de un delito, lo segundo es una permisividad en materia penal. Estamos convencidos que el sistema penal tiene que ser garantista, pero también tiene que ser una barrera de contención eficiente frente al delito y lo tercero, claramente no existen unas sanciones adecuadas en lo que hace el castigo a la reincidencia.

Tenemos por ejemplo estadísticas en lo que hace al delito de hurto, que es el que más se comete en nuestro país, de personas que son arrestadas una y otra vez, aprehendidas una y otra vez y al quedar en libertad no aprovechan esa posibilidad para una rehabilitación de naturaleza social, sino por el contrario para seguir delinquiendo. Es decir, el reincidente muchas veces se acostumbra desafortunadamente a delinquir.

ENS: Tras lo ocurrido con la elección del magistrado Miguel Polo Rosero para la Corte Constitucional, ¿cree que debe cambiarse el sistema de elección de los magistrados de las Altas Cortes?

HH: Siempre hemos hecho abstracción de las coyunturas para efectos de tener reflexiones a largo plazo y ahí de tiempo atrás hemos venido señalando que perturba la dignidad de la justicia y su independencia, el que órganos externos y poderes que la misma rama judicial tiene que controlar, intervengan en la designación o en el nombramiento de magistrados.

Por eso pensamos que los escenarios donde hoy intervienen poderes distintos a lo judicial deberían ser excluidos de esa función, es decir, debería quitársele al presidente de la República, cualquiera que sea, la posibilidad de ternar magistrados para la Corte Constitucional y para la Comisión de Disciplina Judicial. También quitarle la facultad o función al Congreso para finalmente elegirla. Esas facultades deberían estar todas sincronizadas en la misma Rama Judicial.

Hay que despresidencializar y despolitizar en lo que hace de la intervención del presidente y del Congreso en esas elecciones, para fortalecer la Rama Judicial y que sea la misma Rama, mediante sistemas de cooptación eficiente y previo a convocatoria a concursos públicos, la que surta debidamente esas designaciones. Ello va a ir en beneficio de la autonomía judicial.

ENS: Faltando año y nueve meses para que finalice este Gobierno, ¿cree que la posibilidad de una reforma a la justicia de alto calado ya quedó aplazada para la próxima administración?

HH: Este Gobierno incumplió la función de articular una gran reforma a la justicia, se convocaron unas mesas, se generó mucho ejercicio y sobre todo gran expectativa ciudadana para efectos de señalar que no tuvo esa capacidad de impulso; seguramente porque el presidente está distante de la justicia y, además, desdeña permanentemente de la misma.

Cuando no ataca magistrados, ataca corporaciones judiciales o tribunales y jueces y esa despreocupación por la justicia es notoria en un presidente que desde luego no tiene como prioridad fundamental ese fortalecimiento judicial.

De manera tal que es evidente que esa gran reforma a la justicia como la entendemos en lo estructural ha quedado aplazada y solamente se ha auspiciado un proyecto que claro que acompañamos, que es el de reforma al Sistema Penal Acusatorio que es importante, pero seguramente insuficiente frente a toda la problemática que tiene el sector de justicia.

ENS: ¿Qué tan real es el riesgo de politización de la justicia en Colombia tras lo ocurrido con este magistrado, la elección de la fiscal y del procurador?

HH: Tenemos que pensar siempre en cómo se garantiza mayor independencia judicial, cómo la Rama es más libre a la hora de controlar los otros poderes públicos y en efecto lo es si los otros poderes públicos no tienen posibilidad de cooptar a la Rama Judicial.

En beneficio, precisamente de la estatura moral que tiene la justicia en los países serios y democráticos para garantizar contrapeso institucional, control a la corrupción y el debido respeto a la institucionalidad pública.