* La advertencia del zar antidrogas de EU
* Evidentes vacíos en la estrategia de Petro
La alerta por el incremento de la extensión de los narcocultivos en Colombia crece día tras día. Como se recuerda, a mediados del año pasado la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca reveló que el 2021 cerró con más de 234 mil hectáreas de sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola en nuestro país. Si bien esa cifra significó una leve disminución con respecto a las 245 mil registradas un año atrás, el mismo reporte advirtió que el potencial de producción y exportación de cocaína estaba cerca de las mil toneladas, ya que los narcotraficantes ahora hacían rendir más las plantaciones.
Otra medición al respecto es la que hace el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). En esta, el 2021 cerró con 204 mil hectáreas (con un salto dramático desde las 143 mil de 2020) y con la alerta a bordo de que el potencial de producción de clorhidrato de cocaína alcanzó 1.400 toneladas. Ambas cifras fueron récord.
Tras el cambio de gobierno, la administración Petro anunció una nueva estrategia antidroga, bajo la tesis de que la prioridad no sería atacar los sembradíos pequeños y de subsistencia del campesinado, sino destruir los cultivos de “orden industrial”, a cargo de los carteles de alto espectro así como reforzar la interdicción para aumentar el decomiso de cargamentos de droga y destruir narcolaboratorios.
Esta nueva política llevó no solo a que el año pasado se incumpliera la meta de destrucción de narcocultivos (llegando apenas a 44 mil hectáreas) sino que para este 2023 apenas se fijó la tarea de destruir 20 mil, con el agravante de que en enero los operativos se semiparalizaron debido a problemas contractuales. De hecho, hasta mayo pasado apenas se habían intervenido un poco más de 4.500 hectáreas.
Este año todavía la Oficina de la Casa Blanca ni el Simci han dado a conocer sus reportes sobre las mediciones de narcocultivos con que cerró el 2022, pero dado lo que pasó en el segundo semestre del año pasado es evidente que se espera un aumento en la extensión de los sembradíos ilícitos. Es más, algunos sectores temen llegar a las 300 mil hectáreas.
Incluso, esta semana el propio zar antidrogas de Estados Unidos, Rahul Gupta, advirtió que el aumento de los narcocultivos en Colombia es una amenaza no solo para nuestro país sino para todo el mundo. De acuerdo con el alto funcionario de la administración Biden "Colombia se ha descuidado en el tema de materia de seguridad, que es una parte muy importante y por ello se ha generado un incremento récord en los territorios sembrados con coca". Agregó que se está revisando, en el marco de “una relación de cooperación que es histórica” con nuestra nación, lo relativo a erradicación, interdicción y desarrollo alternativo.
No es la primera vez que las autoridades de Washington advierten su preocupación al respecto. Ya algunos voceros del Departamento de Estado y el Congreso han alertado sobre el riesgo de un auge de sembradíos de hoja de coca en Colombia como consecuencia directa del cambio de énfasis en materia de combate al narcotráfico aplicado por el gobierno de izquierda.
Pese a ello, la administración Petro ha replicado que no se ha bajado la guardia contra los carteles y toda la estructura narcotraficante. De hecho, en nuestra última edición dominical el director de la Policía Antinarcóticos recalcaba que en lo corrido del año se había incautado más de 114 mil kilogramos de cocaína, junto a importantes resultados en cuanto a desarticulación de estructuras narcotraficantes, destrucción de laboratorios de procesamiento de alcaloides y otros golpes.
Más allá de esto último, es claro que la advertencia del zar antidrogas norteamericano debe llevar a que el gobierno Petro, que días atrás realizó una reunión al más alto nivel con la cúpula militar y policial para revisar los énfasis y resultados de la nueva política antidroga, debe aceptar que un aumento sustancial de los narcocultivos no solo pone en evidencia los vacíos de su estrategia, sino que, además, estaría permitiendo, como lo han denunciado múltiples instancias regionales y locales, que los grupos residuales de las Farc, el Eln, ‘Clan del Golfo’ así como otros carteles del narcotráfico y microtráfico amplíen sus operaciones en muchos departamentos y municipios, generando de paso un deterioro grave de la seguridad y orden público, en donde la población civil lleva la peor parte.
Ponerse contra la evidencia no es un procedimiento lógico ni funcional. En Colombia hay una explosión de narcocultivos y el Gobierno debe dejar de lado la teoría y entender que solo con el imperio de la ley y la operatividad plena de la Fuerza Pública se podrá frenar esta creciente amenaza criminal a la institucionalidad.