El nuevo condicionamiento de Maduro
Gobierno colombiano debe pronunciarse
Hace menos de dos meses la noticia que copaba los medios de comunicación colombianos era el cierre abrupto por parte de Venezuela de la frontera con Colombia y la deportación masiva de nacionales. Tras una reunión inconclusa entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, la crisis en el área limítrofe perdió atención, al ser eclipsada por los anuncios sobre la justicia transicional, en el marco del proceso de paz en La Habana. Ahora el primer mandatario del país vecino ordenó prorrogar indefinidamente la clausura del paso fronterizo sin el mínimo comentario de Colombia.
Quiere decir, tal y como están las cosas, que ni por la vía diplomática Maduro cambiará de parecer. Es suficiente, de acuerdo con sus estadísticas, con la reducción de las supuestas actividades paramilitares en la zona limítrofe que, por lo demás, ha cerrado en todos los puntos vitales de la extensa línea que separa a los dos países. A ello añade Maduro, nada más y nada menos, que la frontera permanecerá sellada hasta que en Colombia se firme la paz, lo que abre un margen de espera supremamente incierto. La firma del “acuerdo final” puede darse en seis meses, según los recientes protocolos verbales de La Habana, o después, según los posteriores pronunciamientos de Gobierno y Farc que han dejado deslizar una evidente ambivalencia en torno de las fechas y plazos anunciados inicialmente bajo el entusiasmo de las partes y el internacional en el momento en que se dio a conocer el comunicado del acuerdo sobre justicia transicional.
Si nos atenemos a los condicionamientos de Maduro, habrá que esperar a que los negociadores tramiten el desacuerdo que tienen en materias sensibles y definitivas, como suelen ser las de la justicia, para que se pueda avizorar con más claridad la ruta del proceso de paz y su contenido real. Sólo entonces se podrían conocer con más fiabilidad los plazos para una firma del “acuerdo final” de paz y si este satisface a Maduro. De lo contrario, entonces, llegaríamos al extremo de tener que esperar también a la refrendación popular del acuerdo y, si esta es positiva, a la posterior implementación del mismo… Y todo ello sin que, como es muy posible, Maduro ponga nuevas y caprichosas condiciones para reabrir los pasos fronterizos.
Entre tanto, el Gobierno venezolano reitera que las relaciones con Colombia, bajo la premisa hostil del cierre fronterizo, seguirán congeladas. Esto, según el nuevo dictamen, para supuestamente terminar de limpiar de paramilitarismo toda la región pero ejercer, en una estrategia que Caracas no dice pero es evidente, un foco de presión hacia las próximas elecciones venezolanas sobre los Estados que no son afectos al chavismo y que están ubicados en su mayoría en la frontera con Colombia.
Pero hay otro agravante: todo lo que, por igual, se había anunciado en amagos de solución a crisis anteriores también ha quedado suspendido. En efecto, tras el rifirrafe por el mapa publicado, en junio pasado, por parte de Venezuela y en el que asumía competencias estratégicas, ejerciendo soberanía militar que todavía practica en los sitios del diferendo territorial con Colombia, se adujo que se nombrarían comisiones binacionales para resolver de fondo el tema. Nada se volvió a hablar de ello y, como se dijo, Venezuela mantuvo el mapa, aclarando en alguna cláusula que la zona estaba en conflicto, pero manteniendo los ejercicios militares que son finalmente los que cuentan.
Entre tanto, los habitantes de la zona de frontera, a lado y lado, continúan sufriendo las consecuencias del cierre de una zona limítrofe viva, con sus familias separadas, el comercio reducido a su mínima expresión y, sobre todo, agotándose ya la cuenta regresiva del estado de emergencia social y económica decretado por el gobierno Santos. De las reuniones ministeriales pactadas tras esa última cumbre de Santos y Maduro, en Ecuador, poco ha salido. Como tampoco han avanzado en forma sustancial las investigaciones que se prometieron desde instancias internacionales y la propia Venezuela sobre los atropellos a los colombianos e incluso la devolución de sus enseres.
Es claro, entonces, que la crisis en la frontera está viva, así haya salido del foco mediático colombiano. Y también lo es que, como se dijo, Bogotá debe pronunciarse sobre la decisión de Maduro de condicionar su apertura a que se firme la paz en nuestro país.