Una vez más Colombia está en emergencia invernal. Los reportes indican que hay afectaciones en más de 27 departamentos y los damnificados podrían llegar a medio millón, la mayor parte de ellos en Chocó y La Guajira.

En medio del operativo de asistencia humanitaria se han empezado a generar debates en torno a la eficiencia del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias. Tres son los puntos de discusión.

El primero se refiere al rol de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cuestionada por el escándalo de corrupción en que terminó imbuida en este gobierno y que involucra a ministros, altos funcionarios, consejeros presidenciales y una decena de congresistas, además de alcaldes y otros empleados del orden regional y local.

Es imposible no preguntarse hasta qué punto el haber caído en manos de la politiquería y la trama delictiva no solo consumió gran parte del billonario presupuesto de la institución, que debía destinarse a obras de prevención y proyectos estructurales, sino que, además, es culpable también de que hoy decenas de miles de personas tengan que esperar largos días para poder recibir ayudas en víveres, ropa, medicinas y enseres, buena parte de ellos, incluso, provenientes no de dineros oficiales, sino de donaciones de los colombianos.

En segundo término, es claro que tanto la Unidad como el Sistema en general han tomado, poco a poco, un enfoque cada vez más reactivo que preventivo frente a este tipo de contingencias climáticas. Todo lo contrario a la misionalidad que se le encargó cuando se creó la entidad, buscando, precisamente, que las tragedias no se repitieran en los mismos lugares y circunstancias año tras año. De hecho, se suponía que esta institución era un salto de calidad y de evolución administrativa, pasando de atender crisis climáticas y de otra naturaleza, a precaver y neutralizar los niveles de riesgo, con vocación de largo plazo y de superación definitiva.

Finalmente, se analiza hasta qué punto el problema no radica solo en la eficiencia de una entidad o del Sistema, sino en la política estratégica nacional de adaptación al cambio climático. Es claro que los índices de vulnerabilidad colombiana son cada día más altos en todo el territorio, pero no se ve una dinámica oficial suficiente para implementar una estrategia funcional y efectiva que morigere los efectos y coletazos del calentamiento global.

Son tres interrogantes que deben resolverse urgentemente para que el año entrante no estemos en la misma crisis.