* Senado debe retirar artículo del fuero
* Estructurar reforma seria y coherente
La inclusión a última hora del tema del fuero militar en el proyecto de reforma a la justicia no fue una buena idea. Se evidenció una preocupante improvisación en el Ejecutivo para regular un tema bastante complejo y que no sólo requiere de un análisis profundo y sereno del Congreso, sino también de una socialización previa a nivel nacional e internacional de los cambios propuestos y, sobre todo, la estructuración de una iniciativa integral que lleve a una redefinición de la Justicia Penal Militar y de todo el ámbito de investigación y juzgamiento a los integrantes de la Fuerza Pública.
En ese orden de ideas, colgarle lo relativo al fuero castrense a una iniciativa que, como la reforma judicial, llevaba más de un año en discusión con las altas cortes fue tan erróneo e inconsecuente, que el mismo Gobierno que lideró ante los magistrados y los ponentes de la Comisión I del Senado la inclusión del artículo sobre el procesamiento penal de los uniformados, apenas cuatro días después aceptó que lo mejor era pedir a la plenaria que lo excluyera, pues se presentaría un proyecto aparte al respecto.
Sin embargo, pese a que la Casa de Nariño lidera la coalición de la Unidad Nacional, que domina casi el 90 por ciento de las curules parlamentarias, hay algunos senadores que no están de acuerdo con retirar el artículo sobre el fuero militar. Argumentan que fortalecer el sistema judicial castrense es urgente, no sólo porque Colombia, en la Ley de Reparación a las víctimas de la violencia, ya reconoció oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, sino por versiones que circulan en torno a que el deterioro en el orden público se debe a que las tropas están desmoralizadas pues tras cada operación de combate sobreviene una cantidad denuncias que lleva a la suspensión casi automática de los mandos y demás personal participante. También traen a colación que los generales retirados hablan abiertamente de una estrategia de “guerra jurídica” contra la Fuerza Pública que busca, a través de acusaciones peregrinas y muchas veces impulsadas por testaferros de los grupos violentos, neutralizar el accionar de sus mejores hombres.
Desde estas páginas en muchas ocasiones hemos alertado sobre las graves implicaciones que tiene la progresiva reducción funcional de la Justicia Penal Militar. Igual se advirtió sobre los riesgos que tiene para los derechos al debido proceso y la presunción de inocencia de los uniformados, el dejar que las denuncias en su contra sean conocidas y juzgadas por fiscales y jueces que no tienen conocimiento profundo y especializado sobre el accionar castrense, las particularidades de los combates así como de las tácticas y estrategias operacionales en el terreno, entre otras circunstancias. También se indicó en su momento que escándalos de la gravedad de los llamados ‘falsos positivos’, que deben ser castigados con toda la severidad del caso por la justicia ordinaria pues no tienen nada que ver con actos del servicio ni en relación con el mismo, dieron lugar a un preocupante prejuicio en la opinión pública, que prácticamente condena a priori a cualquier militar denunciado.
Por lo mismo, es claro que se requiere una reforma a fondo a la Justicia Penal Militar, pero no por la vía de la improvisación. Del afán no queda sino el cansancio, reza el refrán popular. Lo procedente es que el Senado acepte la petición del Gobierno de retirar el artículo de marras que se incluyó en el proyecto de reingeniería de la rama judicial y que se designe una comisión al más alto nivel, liderada por el Ministerio de Defensa, los comandantes de fuerza, el director de Justicia Penal Militar, el cuerpo de generales y almirantes en uso de buen retiro, constitucionalistas, organizaciones de derechos humanos y entes multilaterales para que proyecten en un tiempo corto el texto base de la redefinición del fuero militar en Colombia. Esa es una hoja de ruta seria y efectiva.