*Tenencia de la tierra, fenómeno complejo
*Causas objetivas de la improductividad
HAY dos formas para enfrentar una problemática. Atacar sus causas o sus consecuencias. Si se opta por lo último, las soluciones tienden a ser de corto plazo y rara vez definitivas o estructurales. Cuando la ruta escogida es ir a la génesis de la dificultad advertida y establecer objetivamente las circunstancias que la originaron o agravaron con el paso del tiempo, la posibilidad de llegar a una fórmula de arreglo más efectiva aumenta.
Ese dilema es, precisamente, el que parece enfocar la discusión sobre la concentración de la propiedad rural en Colombia. El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sostiene que el 52,2 por ciento de los predios agrícolas son latifundios, es decir, con extensiones superiores a las 500 hectáreas y están en manos de un poco más del uno por ciento de los propietarios. En contraste, casi un 80% de dueños de predios en campos tienen parcelas pequeñas.
Como es apenas obvio, y no hay aquí diagnóstico nuevo, ese desequilibrio en la tenencia de la tierra conlleva una desigualdad social y económica muy marcada. Prueba de ello es que el 64 por ciento de la población rural vive en la pobreza. Se trata de un indicador muy alarmante, toda vez que casi una tercera parte de los colombianos habita en los campos.
Como una fórmula para atacar ese desequilibrio se plantea ahora la posibilidad de establecer un impuesto a la tierra improductiva. No es la primera vez que esa alternativa se pone sobre el tapete. En varias ocasiones el Congreso debatió proyectos sobre la materia y a lo máximo que se llegó fue a un sistema de multas por la tenencia de los llamados “lotes de engorde”.
Sin embargo, hablar de gravar los predios improductivos es algo más complejo, sobre todo en un país en donde la tierra con vocación agrícola es de 21 millones de hectáreas y apenas cinco están cultivadas. ¿Se tendría, entonces, que decretar impuestos a 16 millones de hectáreas? ¿Todos los dueños de esas extensiones no las siembran porque su única intención es mantener ese activo y ganarse la valorización?
En realidad, lo primero que debe fijarse es cuáles son las causas objetivas de las dificultades para ampliar la frontera agrícola en Colombia. Sería ingenuo desconocer que cuando el país abandonó el modelo de protección agraria, las importaciones de alimentos y otras materias primas prácticamente quebraron a muchos rubros productivos del agro local. También es innegable que una de las limitantes del campo para ser competitivo y rentable es la falencia abismal en materia de infraestructura de transporte, cadenas de comercialización, tecnificación productiva y el propio esquema de subsidios que las grandes potencias mantienen sobre sus empresarios rurales.
Obviamente no se trata aquí de caer en desgastados y anacrónicos debates sobre modelos económicos proteccionistas o neoliberales. Tampoco en eternas discusiones macartizadas ni ideologizadas sobre democratización de la propiedad rural. El dilema de fondo es cómo atacar las circunstancias coyunturales y estructurales que impiden que el campo sea rentable para todos, es decir, grandes, medianos y pequeños propietarios. Álvaro Gómez siempre insistió en que el campo debía ser un buen negocio en todo nivel y que ello no sólo garantizaba la soberanía alimentaria del país sino que contribuía eficaz y objetivamente a reducir la desigualdad social y cerraba el paso a los violentos que buscaban capitalizar el inconformismo rural.
Por lo mismo, antes de entrar a evaluar la viabilidad de un esquema impositivo para la tierra improductiva, debe culminarse todo el proceso de modernización catastral en el campo colombiano, pues esa cuantificación y cualificación de predios, valores y usos todavía está a medio camino. Ello es aún más urgente dado el boom minero y la dinámica ganadera. Sólo una radiografía precisa de la propiedad rural, cruzado su análisis con otras variables socioeconómicas permitiría establecer qué terrenos no cultivados y que sólo buscan plusvalía podrían ser objeto de una medida tributaria específica.
Es decir, atacar las causas y no quedarse en enfrentar sólo las consecuencias.