La situación de desorden público e inseguridad en varias regiones del país continúa siendo en extremo preocupante. Prueba de ello es lo que ocurrió ayer en la madrugada en zona rural de Saravena (Arauca), en donde dos soldados profesionales fueron asesinados en una acción terrorista de la guerrilla del Eln.

Es evidente que este ha sido uno de los departamentos más afectados por la violencia subversiva en los últimos años. De hecho, al comienzo de esta semana se había denunciado el secuestro por parte del mismo Eln de seis personas, entre ellas un desmovilizado de las Farc y sus familiares, en una vereda de Arauquita. Finalmente, tras la intervención de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, fueron liberadas el miércoles pasado. Incluso durante las labores de búsqueda por parte de las Fuerzas Militares se ubicó el cadáver de una persona que había sido plagiada en la segunda semana de diciembre.

Si bien en la región hay un amplio despliegue de la Fuerza Pública es innegable que facciones del Eln, así como de grupos residuales de las Farc han ido aumentando su accionar violento en los últimos meses. Incluso cuando estuvo vigente el cese el fuego entre el gobierno Petro y la primera de estas guerrillas, Arauca fue de las regiones en donde más se presentaron violaciones a la tregua por parte del grupo armado ilegal.

Como se sabe, muchas de estas facciones aprovechan que las fuerzas militares del régimen venezolano no las combaten, razón por la cual entran y salen de territorio del vecino país sin mayor problema, escapando así de la persecución de las autoridades colombianas.

Desde ya algunas voces regionales vienen alertando que no solo aumenta la victimización de la población civil, sino que, además, ya los grupos violentos han advertido a la dirigencia política seccional y local que ‘impondrán’ restricciones a la campaña electoral que se llevará a cabo este año de cara a los comicios parlamentarios y presidenciales de 2026.

En varias ocasiones hemos advertido desde estas páginas que las falencias de la política de seguridad y orden público del actual gobierno están llevando a que el Estado siga perdiendo presencia y supremacía institucional en muchas zonas en las que, por el contrario, son las organizaciones violentas y criminales las que están imperando a sangre y fuego, acorralando a la población civil. Es urgente, entonces, un timonazo en la estrategia de las Fuerza Pública.