Una vez más se puso sobre la mesa el debate en torno a cómo reemplazarán los gobernadores y alcaldes, así como el Gobierno nacional central los recursos billonarios que hoy se perciben por cuenta de las regalías.
Como se sabe, la actual administración de izquierda insiste en forzar un marchitamiento rápido de la exploración y explotación de combustibles de origen fósil, como el petróleo, gas y carbón. Esa política no solo quiere aplicar un ritmo irreal e irresponsable en la senda de transición energética, arriesgando la seguridad y soberanía nacionales en este sector estratégico, sino que, además, acarrea una serie de afectaciones en materia fiscal.
A la par de los coletazos en cuanto a la disminución de impuestos, divisas y dinamismo productivo transversal, la cruzada gubernamental contra la industria extractiva de recursos naturales no renovables también impacta directamente los ingresos a las arcas nacionales, regionales y locales por concepto de regalías, que son los dineros que pagan las empresas de este nicho como compensación por sus actividades.
No estamos hablando de un asunto menor. De hecho, el Ministerio de Minas y Energía radicó esta semana en la Cámara de Representantes el proyecto de ley sobre Presupuesto de Regalías 2025-2026. La iniciativa alcanza un monto de $30,9 billones, equivalentes a 1,7% del PIB.
No deja de llamar la atención y prender múltiples alarmas el hecho de que este presupuesto es más bajo que el que en 2022 se aprobó para el 2023 y 2024, que fue de $31,3 billones, cifra equivalente a 2,1% del PIB de entonces.
No pocos gobernadores y alcaldes han advertido que en medio de la crisis fiscal en el Gobierno nacional central y la desaceleración económica departamental y municipal, las administraciones territoriales están experimentando una caída drástica en sus ingresos. En ese escenario, las transferencias de recursos por regalías se convierten en la única alternativa real para poder adelantar programas, proyectos y obras de inversión social.
El efecto negativo de la caída en los montos de recursos de regalías fue advertido ayer por el propio contralor general Carlos Hernán Rodríguez. En el marco del segundo día de sesiones de la Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, en Cartagena, el jefe del ente de control fiscal insistió en que “sin la explotación petrolera no existirían regalías”.
El alto funcionario recordó que en 2023 se pagó por regalías una cifra cercana a los $9 billones de pesos. “Las regalías petroleras contribuyen lo mismo que una y media reformas tributarias, lo que significa que a medida que se agoten los recursos que generan tendrá que pensarse en reformas tributarias cada vez más agresivas, lo cual el país tiene que evitar”.