Ojo a la política antidroga | El Nuevo Siglo
Lunes, 7 de Agosto de 2023

*Baja eficacia de la nueva estrategia

*Boom' de narcocultivos y violencia

 

El panorama del combate al narcotráfico en Colombia se torna cada día más complejo. El cambio de estrategia aplicado por el Gobierno, sobre todo en lo relativo a la disminución de las metas de erradicación de narcocultivos y concentrar la mayor parte de los esfuerzos en el decomiso de los cargamentos de drogas, no está dando el resultado esperado. Por lo menos así se desprende de las propias estadísticas del Ministerio de Defensa, según las cuales en los primeros seis meses de este año tan solo se logró la destrucción de 6.310 hectáreas de sembradíos ilícitos, una reducción drástica del 84% en comparación con las 40.276 alcanzadas durante el mismo periodo del año pasado, en la administración Duque.

De acuerdo con el gobierno Petro, el foco de la lucha antidroga no deben ser los pequeños cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola, bajo la tesis de que estos son el eslabón más débil de toda la cadena de este negocio ilícito, e incluso terminan siendo sus principales víctimas. Por el contrario, se considera que la clave para romperle la columna vertebral a este delito transnacional está en atacar sus finanzas. Para ello hay tres prioridades. De un lado, la acción operativa de la Fuerza Pública tiene que concentrarse en destruir los narcosembradíos de tamaño “industrial”, que son manejados por los carteles nacionales e internacionales. En segundo término, hay que redoblar la eficacia en cuanto a la incautación de cargamentos de droga, insumos y destrucción de laboratorios de procesamiento. Y, por último, urge aumentar la capacidad de las autoridades para detectar y desmantelar las estructuras criminales, capturar cabecillas y lugartenientes, así como quitarles los billonarios bienes y dineros de origen ilícito.

Por el momento, los resultados de esa nueva estrategia, al tenor de las estadísticas, no parecen ser los mejores. Si ya de por sí generó mucha polémica haber reducido de forma tan drástica la meta anual de erradicación (pasándola de 100 mil hectáreas en 2022 a una de apenas 20 mil este año), el hecho de que en seis meses de 2023 no se llegara a la tercera parte de la misma, prende todas las alarmas.

A ello se suma que, acorde con el último informe del Ministerio de Defensa, el decomiso de cocaína este año no se ha disparado. Por el contrario, mientras que entre enero y junio del año pasado cayeron más de 362 toneladas del alcaloide, en la primera mitad de este año se interceptaron 317 toneladas, es decir, un 12% menos. Si no hay un repunte en la efectividad antidroga en este segundo semestre, sería muy difícil igualar las 671 toneladas de todo el 2022. También cayó la cantidad de heroína incautada (-46%) y la de marihuana (-16%). En donde sí hubo un incremento fue en la destrucción de infraestructura para este ilícito (9%) y en las inmovilizaciones de aeronaves (283%), pero se retrocedió en cuanto a embarcaciones (-6%).

Si bien es cierto que hoy no se sabe cuánta extensión de narcocultivos hay en Colombia (Estados Unidos no publicará este año su reporte anual y el de la ONU tampoco se ha oficializado), lo cierto es que hay una alta probabilidad de que este fenómeno haya aumentado de forma sustancial, en gran parte por el cambio de estrategia antidroga y el boom narcotraficante en muchas regiones, impulsado por los grupos guerrilleros, carteles y bandas criminales de alto espectro. De hecho, algunos expertos señalan que el país podría ir rumbo ya a las 300 mil hectáreas, un récord en las últimas dos décadas.

A nivel internacional las alertas en torno a esta situación, que viene asociada a un incremento de la violencia regional y local, aumentan día tras día. Congresistas y gobierno de Estados Unidos han advertido al respecto. Incluso este fin de semana la prestigiosa revista The Economist publicó un informe según el cual la sobreproducción de cocaína en Colombia es de tal magnitud que los cargamentos del alcaloide “se están acumulando y los precios se están desplomando”.

Como se ve, es necesario analizar si la política antidroga del gobierno Petro es funcional. Hasta ahora son muchas las dudas que genera. Es más, en momentos en que comenzó el cese el fuego con el Eln y se piensa avanzar en la misma dirección con otros grupos armados ilegales, crecen las alertas sobre qué tanto esas treguas, que claramente implican una reducción de la operatividad de la Fuerza Pública, podrían impactar los ya de por sí regulares resultados contra el narcotráfico. El debate está abierto.