El pulso por el alza salarial para el próximo año entra en su fase definitiva. El próximo viernes se conocerá el dato de la inflación a noviembre, elemento central de las tratativas entre sindicatos, empresarios y Gobierno nacional.

Las expectativas son positivas. En primer lugar, porque el costo de vida en los primeros diez meses del año apenas creció 4,44%, sustancialmente menor al 8,27% registrado en igual lapso del año pasado. De hecho, tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco de la República e incluso los centros de análisis económico y demás expertos prevén que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cierre este 2024 alrededor del 5%.

El otro dato, es decir el Índice de Productividad, también será notificado por el DANE a comienzos de la próxima semana. Los empresarios señalan que en vista de la descolgada de la economía, que apenas está creciendo a un pobrísimo 1,6% entre enero y septiembre, será muy difícil que las compañías y demás rubros de generación de productos, bienes y servicios registren un dato positivo.

De hecho, hay quienes traen a colación que el año pasado esta cifra fue negativa (-1%), en tanto que en 2002 se ubicó en un 1,24%. Algunas previsiones señalan que lo máximo a que se podría aspirar para este 2024 es a que este indicador salga de los números rojos.

Una vez se tengan ambos datos, la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales tendrá los elementos principales para comenzar el análisis definitivo sobre el reajuste de la remuneración básica mensual, que hoy está en un 1.300.000 pesos, sumado a los 162.000 pesos de auxilio de transporte.

Como se recordará, en diciembre pasado el Gobierno decretó el reajuste de salario mínimo para 2024 en un 12% y del referido auxilio en 15%. Es decir, que el incremento se ubicó por encima del dato inflacionario de ese año (9,28%).

Este año la situación es distinta. No solo por la disminución inflacionaria, al punto que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con corte a octubre, es un 47% menor a igual lapso de 2023, sino porque hay un abaratamiento del dinero por cuenta de las decisiones del Banco de la República para bajar de manera sucesiva sus tasas de interés de referencia, que hoy se ubican en 9,75% y es muy posible que en la reunión del próximo 20 de este mes las reduzca entre 25 y 50 puntos básicos más.

En ese orden de ideas, resulta claro que el aumento del salario básico que devengan no menos de 2,5 millones de trabajadores en Colombia no puede ser un porcentaje similar al del año pasado (12%) y, por el contrario, el alza difícilmente llegaría a un 7,5 u 8%, como máximo.

De hecho, ya el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, adelantó semanas atrás que la discusión debería basarse en una propuesta inicial del 6,2%. Esto ya de por sí implicaría más de un punto porcentual superior a la inflación prevista para este año. Aunque los sindicatos, que insisten en un aumento de dos dígitos, esperaban que la Casa de Nariño desautorizara al zar de las finanzas, nada de eso ocurrió. Por el contrario, en medio de la aguda crisis fiscal que afecta al Ejecutivo, es urgente apostar por una subida realista y ponderada, ya que ese porcentaje de reajuste también impactará a la nación al ser referente para el alza de sueldos de todos los empleados públicos.

Los empresarios, a su turno, han llamado la atención en torno a que, acorde con los escenarios de previsión del IPC en 2025, cuando todo indica que seguiría bajando ‒a menos que se presente un hecho extraordinario a nivel local o externo‒ el incremento salarial también podría rondar el 6% o algo más.

Incluso el propio gerente del Banco de la República advirtió días atrás que el aumento del salario base no debe ser desproporcionado, más aún porque un incremento significativo en el salario mínimo podría convertirse en un elemento de presión inflacionaria al comienzo del próximo año.

Así las cosas, el mensaje principal es uno solo: realismo en las negociaciones salariales. No es momento de un nuevo capítulo de populismo gubernativo ni de irresponsabilidad con el presupuesto público. Las centrales obreras deben entender que con una economía descolgada, crisis fiscal a bordo, marcada incertidumbre empresarial, desempleo estancado en 9,1% y un mayor impacto de la caótica política del Ejecutivo en el aparato productivo, hay que apostar por la ponderación.