ES  tal la cantidad de proyectos de ley y de reforma constitucional radicados en apenas tres días del nuevo Congreso, que es claro que se necesitarán algunos días e incluso semanas para entender de manera ordenada y lógica tal cúmulo de carga legislativa con que arranca este Parlamento.

Hay iniciativas de toda índole y, como siempre ocurre, es muy posible que un gran número de ellas se quede a medio camino, ya sea porque su objeto no era conducente desde el punto de vista normativo, o simplemente porque los tiempos no alcanzaron para tramitarlas en todos los debates reglamentarios.

Esa situación lleva, una vez más, a poner sobre la mesa la advertencia que en repetidas ocasiones se ha hecho desde estas páginas en torno de que es necesario que los partidos y movimientos políticos con asiento en el Senado y la Cámara de Representantes racionalicen su propuesta legislativa, toda vez que si en el arranque de una legislatura se radica tal cantidad de proyectos, como se dijo, buena parte de ellos correrá el riesgo de hundirse por falta física de tiempo para analizarlos a fondo, sopesar su importancia e incluso mejorar su articulado.

También es obvio, y negarlo sería ingenuo, que hay muchas iniciativas que son presentadas por los parlamentarios sin que sus propios partidos o la bancada esté enterada de sus objetivos. De allí que en no pocas ocasiones, al sobrevenir polémicas por los alcances de algunos proyectos, los primeros en verse sorprendidos son las propias organizaciones que avalaron al senador o representante en cuestión.

Igualmente, no sería descabellado pensar que desde el mismo reglamento interno del Congreso se adoptaran medidas que regularan este asunto, pues es evidente que mucho tiempo y trabajo se pierden en ambas Cámaras tramitando iniciativas que no tienen mayor futuro o impacto normativo.