Cuesta entender cómo es posible que el acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP), que define los traslados presupuestales del Gobierno Nacional Central a los departamentos y municipios, haya llegado a quinto debate en el Congreso y solo ahora, tras las alertas, no del Gobierno sino de centros de estudios económicos como ANIF o Fedesarrollo, se prendan las alarmas por el grave impacto fiscal que tendría la iniciativa. Misma que, sin embargo, es defendida por muchos senadores y representantes que consideran contribuye a acabar con el centralismo político y económico, permitiendo a las gobernaciones y alcaldías destinar mayores recursos a inversión social. De hecho, recuerdan que dicha reforma ha sido prometida por el actual y anteriores gobiernos, pero ninguno ha cumplido.

Ahora, si resulta alarmante la demora gubernamental para detectar el billonario costo de una reforma constitucional que pretende aumentar –en un plazo de diez años– de 25,7 % a 46,5 % la participación de departamentos, distritos y municipios en los ingresos corrientes de la Nación, más grave aún es que esta semana se generara una insólita y sintomática contradicción entre los ministerios del Interior y de Hacienda al respecto. El primero es partidario de seguir avante con la iniciativa, aunque con algunos ajustes para amortiguar el impacto fiscal, mientras el segundo considera que es inviable porque la Nación no tiene cómo sufragar este aumento de las transferencias a las regiones, que ascenderían, según Fedesarrollo, a no menos de 60 billones de pesos anuales. De hecho, como una especie de solución intermedia, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley a última hora con el fin de establecer qué obligaciones, servicios y gastos públicos pasarían gradualmente a ser asumidos por departamentos y municipios, y ya no por la Nación.

A las alertas de ANIF y Fedesarrollo por los alcances de la reforma al SGP se sumaron la advertencia del Comité Autónomo de Regla Fiscal, que incluso señaló que se requerirían tres reformas tributarias para cubrir el hueco presupuestal en el Gobierno Nacional, así como una carta de varios exministros y exviceministros de Hacienda señalando, punto por punto, la inconveniencia del proyecto para las finanzas públicas.

¿Entonces? Nadie niega que las regiones, sobre todo las más vulnerables, requieren mayores recursos. Sin embargo, esa asignación debe ser ordenada y sostenible fiscalmente. Lamentablemente el Gobierno no supo manejar desde el comienzo este asunto clave y ahora le explotó en las manos. En el entretanto, avanza un proyecto de referendo que va en la misma dirección.