* Citar a la Comisión de Relaciones Exteriores
* La Cancillería debe salvar la cara
El deber, cuando los intereses vitales colombianos están de por medio, mucho más la plenitud de su soberanía territorial, es usar todos los instrumentos históricos, jurídicos, políticos y mediáticos en la salvaguarda de ese propósito, como ocurre en el litigio limítrofe entre Colombia y Nicaragua.
Los voceros colombianos, los ex cancilleres Guillermo Fernández De Soto y Julio Londoño Paredes, además del grupo de expertos y abogados internacionales contratados, han diseñado una estrategia que permite aducir, sin cortapisas ni reservas, no sólo la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como ya está sentenciado, sino el ejercicio soberano sobre Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla y Alburquerque. Y así lo es, no sólo por los Tratados con Honduras, sino por el reconocimiento que la misma Nicaragua ha hecho, en la práctica, de esa condición. En ningún momento, ni antes, en 1928, cuando el Tratado Esguerra-Bárcenas, ni después, en la década de los ochenta, cuando el sandinismo anunció demandas, la soberanía ha estado en entredicho militar, económico o poblacional. Por el contrario, los raizales de la zona, bien como habitantes o pescadores, han demostrado no sólo su fidelidad irrestricta como colombianos, sino el orgullo de ser nacionalistas por encima de muchas otras regiones del país.
Londoño y Fernández De Soto han presentado, pues, sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre bases firmes ineludibles. Cualquier conducta o manifestación de autoridad colombiana en contrario no puede entenderse sino como una desaprensión, a la que no debe prestarse oídos sordos, acorde con las palabras necias.
En política internacional ya no se trata de Cumbres o carátulas, ni nada por el estilo, sino de lo más preciado a la Nación, que es, como se dijo, su soberanía territorial, marítima y sus recursos. Para que esto quede claro y demostrar la voluntad indeclinable que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene en la materia, y soslayar la fisura de cierto comentario díscolo e inopinado de alguno de sus subordinados, vale de inmediato citar a la Comisión de Relaciones Exteriores, órgano constitucional imprescindible para ratificar, no sólo el apoyo integérrimo a los voceros en sus alegatos ante la Corte Internacional, sino que Colombia unida, a través de los ex presidentes en su conjunto y los demás comisionados, señala ese respaldo a las tesis y estrategias colombianistas. Y también salvar así la cara de la Cancillería.
La política internacional, desde luego, no puede ser fruto del escenario en que tradicionalmente se mueve la política menuda interna, menos en el micrófono abierto característico del devenir colombiano. Por el contrario, exige la mayor prudencia, serenidad y experticia. Dentro de la libertad de expresión democrática es posible el debate por académicos y periodistas, pero lo que no se puede, desde el punto de vista de las autoridades, es enviar señales lesivas. Se sabe, desde hace tiempo, que cualquier comentario, aun de analistas colombianos sin ninguna investidura estatal, es presentado por Nicaragua ante la Corte para justificar que no hay consenso en el país. En medio de los debates actuales ante la Corte hay que saber que Colombia, trazada la línea media desde San Andrés, pide, con toda razón, una porción adicional del archipiélago en litigio que hay desde allí hasta la costa nicaragüense, antes colombiana. Por el contrario, el trazo de la línea media alegado por Nicaragua, incluyendo 50 mil kilómetros cuadrados de áreas marinas, es un despropósito para cualquiera que mire el mapa y conozca las bases jurídicas de la soberanía colombiana. La generalidad del país tiene perfecta confianza en los argumentos de sus voceros, salvo omisiones como la de los “fallos salomónicos”, es decir, 50 por ciento para uno y 50 por ciento para el otro, doctrina impróvida que desconoce los alcances de la Corte en muchas sentencias y que resulta un torpedo a los alegatos colombianos.
Claro es que el Meridiano 82 no es límite sino referente. Pero claro es, también, que Colombia, en ese caso, podría aducir jurídicamente soberanía hasta la propia costa de los indígenas miskitos, en Nicaragua, que muy seguramente estarían felices de ser colombianos tras la desatención nicaragüense de décadas.
En política internacional, en los países maduros no puede haber divisionismo alguno. Las frases al aire, mucho más por las máximas autoridades en la materia, pueden cambiarlo todo, lo mismo que una coma en Derecho. La prioridad hoy para el Gobierno, por encima de cualquiera otra circunstancia, es recomponer las cargas. Todavía es momento. Para después no lamentar lo que las circunstancias, por gafes o imprudencias, convirtieron en malos idus.