No es menor el impacto que producen las noticias, cada vez más recurrentes, sobre casos de violencia en los entornos escolares. Riñas entre estudiantes, amenazas y agresiones a los profesores, denuncias de casos de acoso, matoneo e incluso ofensas de índole sexual.

Es un asunto por demás complicado, no solo porque involucra en gran parte a menores de edad, cuyos derechos son prevalentes, sino porque la violencia en las escuelas y colegios termina siendo no pocos casos un reflejo de situaciones de agresión, abusos y atropellos en los círculos familiares.

De hecho, en un editorial de la semana pasada se advirtió que uno de los temas más preocupantes en lo que va corrido del año es el aumento del 47% en las denuncias sobre casos de violencia intrafamiliar, según el último reporte del Ministerio de Defensa, con corte a agosto.

Volviendo al tema de la violencia en las escuelas y colegios, la Procuraduría denunció esta semana que hay un incremento muy alarmante, lo que llevó a que personal del ente de control disciplinario realizara este año una segunda jornada de visitas a más de 300 instituciones educativas en todo el país.

Citando información preliminar sobre los resultados de esas inspecciones, se advirtió de 1.515 casos de acoso escolar o bullying, 610 de violencia sexual y 399 situaciones de ciberacoso.

Esas cifras, según la entidad del Ministerio Público, ponen de presente que es urgente abordar esta problemática con el fin de identificar las causas y consecuencias, más aún porque una parte significativa de las situaciones de violencia o atropello involucra a estudiantes como presuntos agresores.

Más preocupante resulta el involucramiento, presuntamente, de docentes o directivos en el 26% de los casos de acoso escolar y violencia sexual identificados. Esta es una circunstancia muy grave que debe ser investigada a fondo y, por obvias razones, dar lugar al concurso de la Fiscalía, Procuraduría y demás entidades de control, así como de protección de los menores de edad.

Otro aspecto que llama la atención es la inaplicabilidad de la normatividad con que cuenta el país para combatir los hechos que alteran la convivencia y los ambientes sanos en los entornos escolares. Una prueba de ello es el hecho de que algunas instituciones no cuentan con el protocolo para la detección de violencias de género. En otras no han implementado programas de educación sexual este año, en cumplimiento de la Directiva 001 de 2022 del ministerio de Educación.

Igualmente, se encontró que muchos de los colegios visitados aún no tienen usuario y contraseña en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (Siuce) o tampoco recibieron capacitación adecuada. Este asunto, que pudiera sonar a un tema administrativo menor, deja de serlo porque, según la Procuraduría, podría resultar en un peligroso subregistro de incidentes de acoso escolar o sexual.

Es imperativo, visto todo lo anterior, que se tomen cartas urgentes sobre este asunto. Permitir que las agresiones continúen ganando terreno en las escuelas y colegios es dar paso a una propensión a la conflictividad, intolerancia y violencia en edades adultas.