La cada vez más preocupante situación de inseguridad y desorden público en muchas regiones del país tiene arrinconada a la población civil. La preeminencia del Estado y la institucionalidad está en evidente retroceso en muchos territorios en donde, a hoy lo que impera son los grupos armados ilegales de vieja y nueva data. Facciones que por cuenta de las economías ilícitas derivan millonarias cifras que no solo les permiten crecer y desdoblarse, sino que los ha llevado a plantear cruentos enfrentamientos abiertos con la Fuerza Pública o incluso entre las propias organizaciones delincuenciales. Lo ocurrido en las últimas dos semanas en Bolívar, Guaviare, Cauca y, sobre todo, en el Catatumbo es prueba de ello.
Es claro que, parte de la responsabilidad de esta situación recae en las falencias de las políticas de seguridad y orden público del Gobierno. De hecho, ayer se dio a conocer un informe castrense en donde se evidencia que en el último año los grupos armados ilegales crecieron más de un 14%, pasando de un estimado de 18.334 integrantes en 2023 a más de 21.200 en 2024.
Se trata de una situación más que preocupante, no solo porque entre las facciones que aumentaron su pie de fuerza y, por ende, su capacidad de violencia, terrorismo y afectación poblacional, están el Eln, los grupos residuales de las Farc y bandas criminales de alto espectro como el ‘Clan del Golfo’, sino porque ese desdoblamiento de bloques, frentes, cuadrillas y demás estructuras ha conllevado un aumento de los delitos, muertes y heridos en muchas regiones del país. Homicidios, masacres, desplazamiento forzado, secuestros, extorsiones y otras conductas así lo comprueban.
Pero lo más grave termina siendo que mientras los grupos criminales están expandiéndose, la Fuerza Pública ha disminuido en su tamaño, circunstancia que resulta inexplicable dado que el clima de violencia e inseguridad no se ha reducido de manera sustancial. El referido informe de inteligencia da cuenta de un debilitamiento estructural del Ejército: mientras en 2012 tenía en sus filas a 242.350 soldados, hoy no son más de 177.800. Es decir, que se registró una reducción de más del 26%, en tanto que también hay retrocesos en materia de equipamiento y mantenimiento armamentístico.
No en pocas ocasiones hemos advertido en estas páginas que la Fuerza Pública colombiana durante el actual Gobierno no solo han sido restringida en su accionar por cuenta de la accidentada e ineficaz política de “paz total”, sino que, además, está desmoralizada y no tiene el suficiente personal y equipo para frenar a los violentos.