Ante una realidad inesperada como la pandemia de la covid-19, el gobierno asume un desafío enorme para proteger no solo la salud sino también las finanzas de todos los colombianos.

De acuerdo con la abogada especialista en finanzas, María Andrea Troncoso, “enfrentamos una crisis económica sin precedentes, una crisis que no solo afecta al gobierno, a las grandes empresas, sino también que impacta en gran medida el bolsillo del ciudadano de a pie, debido al aumento de su endeudamiento sin encontrar una herramienta clara y eficaz a la cual acudir para hacer frente a dicha situación”.

Explica la experta que para muchos las ganancias que serían recibidas este año generarían la tranquilidad de poder responder a sus créditos, pero los efectos económicos que trajo la pandemia han imposibilitado el cumplimiento de obligaciones pasadas. Sin duda el incumplimiento de las obligaciones conduce rápidamente a situaciones más difíciles que afectarán seriamente el capital y podrán en riesgo el patrimonio de muchos deudores.

Frente a este panorama, y en busca de una solución real que proteja la economía, y evite que ese endeudamiento siga en crecimiento y se transforme en posibles quiebras a futuro, debemos acudir a herramientas legales que el mismo gobierno ha regulado. Una de ellas es la Ley 1564 de 2012, denominada Trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, como una opción clara de poder organizar sus finanzas acudiendo a una mesa de negociación cuya única consecuencia es la solución definitiva ante el endeudamiento.

Esta herramienta fue creada para servirle a las personas naturales y a sus familias en la medida que pueden negociar sus créditos y responder por ellos de forma viable y eficaz. Así genera beneficios como suspensión del total del capital adeudado a la fecha de inicio del trámite como tal, condonación en la mayoría de casos del 100% de intereses, cese de persecuciones judiciales por medio de procesos ejecutivos y coactivos, suspensión de procesos y suspensión de embargos, secuestros, y remates.