Pese a que lleva apenas un mes en la Superintendencia de Sociedades, el superintendente Billy Escobar Pérez ha continuado con la labor inmediata que venían desarrollando en la entidad sus predecesores.

Una de estas gestiones tiene que ver con la norma que el Grupo de Trabajo de Soborno Transnacional de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) aprobó para el reporte de seguimiento de dos años tras la evaluación de la Fase 3 de Colombia, realizada en diciembre de 2019, en materia de implementación de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales (la "Convención").

De 34 recomendaciones realizadas en la Fase 3 de la evaluación de Colombia en 2019, el grupo de trabajo concluyó que 12 fueron totalmente implementadas, 13 parcialmente implementadas y nueve no fueron implementadas.

Al respecto, Escobar Pérez dijo que “los resultados del seguimiento de dos años tras la evaluación de la Fase 3, son positivos para Colombia, pues se demuestra el avance y el trabajo realizado por la Superintendencia de Sociedades, en diferentes frentes, fortaleciendo la capacidad institucional y el marco legislativo en la materia. Quedan todavía muchos retos y recomendaciones por implementar completamente, pero vamos por buen camino en materia de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por conductas de soborno trasnacional".

La organización destacó el papel activo de la Superintendencia de Sociedades para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas: de las 25 que fueron calificadas como totalmente o parcialmente implementadas, 16 de esas implementaciones obedecen en gran medida a los esfuerzos de la Superintendencia.

El reporte también destaca que la Superintendencia de Sociedades ha sido activa en la investigación de presuntas conductas de soborno transnacional y aplaude el proyecto de ley en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción que se adelanta en el Congreso, que busca subsanar varias de las recomendaciones realizadas por la OCDE en su evaluación en el 2019. Por su parte, el reporte insta a Colombia en la búsqueda de obtener legislación de protección a denunciantes, como un tema prioritario.