A TRAVÉS de su cuenta X, el representante Andrés Forero del Centro Democrático reveló que presuntamente los contralores designados por la Superintendencia de Salud, en cabeza del superintendente Giovanny Rubio, serían esposos.
A su turno y como respuesta a las denuncias, la Superintendencia afirmó que no hay irregularidades en el nombramiento, puesto que los contralores actúan como personas naturales, con responsabilidades individuales y bajo las funciones establecidas en la resolución 2599.
“Un conflicto de interés solo se presentaría si uno de ellos fuera interventor y el otro contralor dentro de la misma EPS, lo que no ocurre en este caso. Además, la elección se basó en la experiencia y que ambos candidatos fueron evaluados de manera independiente”, argumentó la SuperSalud.
Y es que según denunció el parlamentario, Gladys Asprilla fue designada como contralora de la Nueva EPS el 3 de abril del 2024, mientras que su esposo, Julio César Florian, llegó a ocupar el mismo cargo en la EPS Sanitas el 27 de diciembre del 2024.
“Giovanny Rubiano es tan descarado que salió a justificar el asqueante nepotismo que promueve desde la Supersalud. Que más bien le diga al país por qué la Nueva EPS, donde está una de las contraloras cuestionadas, no reporta información financiera desde marzo del 2024”, aseveró Forero.
“Cada uno gana más de 38 millones de pesos al mes. Aunque ambos están listados en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores de la Superintendencia Nacional de Salud (Rilco), no se entiende por qué Giovanny Rubiano decide designar a Florian a pesar del evidente conflicto de interés y el alto riesgo de cartelización”, cuestionó el representante.
Forero agregó que “para rematar”, las hijas del matrimonio en cuestión son representantes legales de una firma que en 2024 tuvo contrato con la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias por 311 millones de pesos.
“El hospital factura a Nueva EPS casi $1.000 millones al mes y a diferencia de otras IPS le pagaron bien. Todo queda en familia”, concluyó el representante.
Ante esta última aseveración, la Superintendencia insistió en que solo los contralores son responsables ante la entidad.