LA COMISIÓN Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) constituye un importante escenario especializado de diálogo institucional y control político que debe mantenerse y potenciarse. Así lo aseguró la congresista del Centro Democrático e integrante de la Comisión Segunda del Senado de la República, Paola Holguín.

En conversación con EL NUEVO SIGLO señaló que está por cumplirse un año desde la última reunión informativa convocada por el Gobierno nacional. Aprovechó el espacio para conversar sobre la crisis venezolana, tras las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que podría afectar a Colombia en cuanto a seguridad, salud y educación.

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué el Gobierno no ha convocado a la CARE para analizar el tema de Venezuela?

PAOLA HOLGUÍN: Gustavo Petro y su canciller Luis Gilberto Murillo deberían responder esa pregunta. Lo cierto es que está por cumplirse un año desde la última reunión informativa de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE), convocada por el Gobierno, cuando debió hacerlo cada dos meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 68 de 1993.

Valga decir que, en 2023, tras varias solicitudes al entonces canciller Álvaro Leyva para que se cumpliera con el mandato legal, presenté una acción constitucional de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual dictó un fallo en el que le ordenó convocarla inmediatamente. Esa fue la única forma en que el Gobierno cumplió con su obligación legal. Ahora, frente a la renuencia para convocar la Comisión como lo ordena la ley, me vi obligada a recurrir nuevamente a la acción constitucional ante el mismo Tribunal Administrativo, y en este momento se encuentra en trámite.

ENS: ¿Debería acabarse esta comisión, ya que los últimos gobiernos no la han querido convocar o le disminuyeron su papel?

PH: La CARE constituye un importante escenario especializado de diálogo institucional y control político que debe mantenerse y potenciarse, en beneficio de una política exterior de Estado que atienda los intereses superiores de la nación, bajo el respeto a los principios y las reglas que regulan el relacionamiento del país con el resto del mundo.

ENS: ¿Debería tramitarse un acto legislativo que hiciera obligatorio la convocatoria de esta comisión ante esta clase de crisis geopolítica que afecta intereses colombianos?

PH: La normativa vigente es incontestable y así lo dejó suficientemente claro el fallo de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que ya me referí. El problema radica en la falta de voluntad política y en la falta de seriedad de la política exterior.

Crisis en Venezuela

ENS: ¿Cuál cree que será el efecto de la crisis venezolana hacia Colombia?

PH: La crisis venezolana incide en múltiples aspectos en nuestro país. En seguridad, porque el régimen en Venezuela ha sido aliado y protector de estructuras criminales que delinquen a lado y lado de la frontera, como el Eln o disidencias de las Farc.

En la institucionalidad, porque termina validando los fraudes electorales y la ruptura democrática e institucional en la región.

Agravaría la crisis humanitaria porque seguramente se daría una nueva oleada migratoria (refugiados) que incide directamente en las finanzas públicas. Por ejemplo, en 2021, el costo de los servicios de urgencias demandados por la población venezolana en la red hospitalaria fue de $460.000 millones; según la encuesta del DANE de septiembre de 2023, ‘Pulso de la Migración’, 71,8% de los migrantes (2,8 millones a enero de 2024) están afiliados al Régimen Subsidiado de Salud; y se desconoce el costo de la atención a la población migrante en otras áreas, como el sistema educativo (76,8% de los hogares migrantes tienen presencia de niños y adolescentes).

ENS: ¿Debe mantenerse en Venezuela los procesos de paz que hoy adelanta Colombia con los grupos guerrilleros?

PH: El fracaso de los procesos de paz y negociaciones adelantadas por Petro no radica en el lugar en que se llevan a cabo, aunque no se puede desconocer que por décadas el régimen de Maduro ha patrocinado, albergado y protegido a organizaciones criminales como las Farc y el Eln.

El Gobierno debe suspender todos estos procesos hasta que tales organizaciones no demuestren una verdadera voluntad de paz. Siempre hemos dicho que el cese unilateral de toda actividad criminal debería ser el punto de partida, y la desmovilización, el desarme y la reinserción el punto de llegada.

A hoy, el resultado de los procesos que se adelantan en Colombia es un fortalecimiento cada vez mayor y un control más amplio del territorio por parte de estas estructuras.

Entre 2022 y 2023 el Estado Mayor Central de las Farc pasó de 233 a 299 municipios y el Eln de 189 a 232.

ENS: Ya varios países latinos anunciaron refuerzos migratorios ante una eventual nueva oleada de migrantes venezolanos, ¿cree que Colombia debería hacer lo mismo?

PH: Cualquier medida que se tome por parte de los países no puede significar la revictimización de millones de venezolanos que huyen de un régimen responsable de asesinatos, desapariciones, prisioneros políticos, exiliados y múltiples delitos atroces y de lesa humanidad, que hoy se investigan en instancias como la Corte Penal Internacional.

Las medidas que se deben adoptar deben enfocarse en la regularización de la población en tránsito o residente en el país, con el fin de desincentivar su tráfico ilegal, la precarización de la mano de obra y el colapso de los sistemas de atención, así como el deterioro de la seguridad interna. Con una frontera sumamente porosa de más de 2.200 kilómetros, cada restricción solo termina favoreciendo a la ilegalidad.