EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se interpreta la calificación de Colombia en el contexto de las mediciones anteriores y su descenso en el ranking?

ANDRÉS HERNÁNDEZ: Hay una interpretación asociada a que no logramos mantener la tendencia positiva que se había generado a partir del 2018. Era una tendencia tímida en términos del avance muy lento que se estaba realizando, pero habíamos pasado de 36 puntos en 2018 a 40 puntos en 2023.

Este año, de seguir esa tendencia, hubiera sido el momento en el cual realmente Colombia hubiera podido mostrar un cambio significativo según la metodología de este índice, pero no se logró y eso nos pone en un escenario en el que posiblemente esta caída pueda representar un cambio en esa tendencia, que sería, por supuesto, muy preocupante o en función de lo que suceda en el país, poder corregir y recuperar el avance.

En gran medida, hay una afectación de percepción, corrupción, de opinión frente a cómo se ve el país en esta temática derivada de los escándalos que seguimos teniendo, que son bastante graves y preocupantes, pero que, además todavía no ven unos escenarios de sanción suficientemente amplios y en algunos otros casos escandalosos que siguen tocando a la esfera más cercana del presidente de la República, lo cual genera muchísima desconfianza frente a que realmente este es un tema prioritario para la agenda del Gobierno.

ENS: ¿Qué elementos específicos han incidido en que Colombia retroceda en el ranking este año? ¿Se observan patrones persistentes de corrupción que expliquen este resultado?

AH: Lo que venimos analizando en Transparencia por Colombia es que sigue habiendo por lo menos tres desafíos muy grandes a nivel institucional.

Uno que tiene que ver con corrupción política. Es una de las problemáticas que siguen generando grandes desafíos. Lo seguimos viendo, por ejemplo, en el caso de las alertas, escándalos, sobre presuntas irregularidades en campañas políticas, incluso por estos días asociados a la campaña presidencial, pero también otras formas de corrupción política.

Un segundo problema muy grande está asociado a la corrupción persistente en el uso de los recursos públicos. La desviación de sus recursos, por ejemplo, en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgos, que no solamente termina teniendo una afectación en recursos públicos, sino incluso en términos de una situación presuntamente irregular que involucra a congresistas que llevaría a transgredir incluso las fronteras de la separación de poderes.

Y la tercera problemática institucional muy grave es la persistencia de la falta de sanción efectiva en muchos de estos casos. Con esto no quiero decir que no se esté haciendo la tarea. La Fiscalía y la Corte Suprema, en particular, han hecho un esfuerzo de un trabajo importante en lo relacionado con el escándalo de la Ungrd.

Sin embargo, necesita mucha más agilidad y que la ciudadanía entienda y reciba resultados concretos y castigos efectivos, cumpliendo el debido proceso, cuando se materialicen estos escándalos.

ENS: ¿En qué medida las estrategias implementadas en Colombia han sido insuficientes o ineficaces para mejorar en estos indicadores?

AH: En un primer momento lo que vimos en la administración de Gustavo Petro fue la generación de una expectativa muy alta y muy positiva frente a que sí se pudiera cambiar la forma de hacer política, de gestionar lo público de manera más abierta, más transparente e incluso esa expectativa y optimismo quedó reflejado en varios instrumentos y encuestas.

Pero lo que vimos muy rápidamente es que ese discurso anticorrupción no se tradujo en una altísima prioridad dentro de la agenda de Gobierno ni tampoco, precisamente, en instrumentos, en capacidades suficientemente robustas para echar a andar unas estrategias en los primeros meses de gobierno que pudieran mostrar algunas señales de cambio.

Había ciertas oportunidades, por ejemplo, lo que estableció el Plan de Desarrollo en términos de formular una estrategia nacional de lucha contra la corrupción que finalmente, luego de un largo proceso, el Gobierno aprobó por medio de un decreto. Pero es una estrategia que se ve ampliamente desdibujada frente a los escándalos de corrupción.

Es una estrategia que, por supuesto tiene unos puntos relevantes, pero que se queda muy corta, por ejemplo, frente a lo que el país está viendo en este momento en cuanto a personajes muy cercanos al presidente fuertemente cuestionados o de lo que se vio la semana pasada en ese consejo de ministros.

Llevando un poco más de la mitad de este gobierno o realmente se corrige el rumbo, se le plantea coherencia acompañada de una apuesta fuerte por esos instrumentos anticorrupción que es más retador en un contexto electoral o definitivamente no solamente los indicadores, sino en general, la situación y la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones puede seguir viéndose afectada gravemente.

ENS: ¿Qué riesgos se vislumbran para el 2025 en materia de corrupción?

AH: Hay un primer escenario que es evidente en 2025 y es que prácticamente el país entró en un contexto electoral. Incluso el calendario formal de elecciones empieza en marzo. Recordemos que las elecciones no son solamente lo que vemos los ciudadanos en el día que vamos a votar, sino que es todo un proceso bastante complejo que tiene que ser muy serio y muy bien estructurado con mucha anticipación para que eso pueda suceder.

Pero más allá de la técnica de la organización electoral, el país ya está metido en un debate político sobre qué va a pasar en 2026.

Ahí el riesgo es por un lado que, por tratar de darle continuidad al proyecto actual de gobierno, se relajen los controles, se pierda la capacidad y la posibilidad de hacer una ejecución, que puede ser necesaria, pero necesita de muy buena planeación y estructuración y que terminen primando lógicas más clientelistas en la ejecución que pueda hacer el Gobierno.

El otro gran reto y lo que podría también generar unos cambios, ojalá hacía próximas mediciones, es que justamente sigan avanzando las investigaciones sobre esos casos graves de corrupción y sobre todo que se sigan protegiendo las decisiones y los recursos públicos con más transparencia, más acceso a la información pública y una apertura a la ciudadanía que no sea simplemente un anuncio de dar a conocer o mostrar cosas, sino una transparencia genuina que vaya acompañada de información de calidad, oportuna que permita justamente a la ciudadanía hacer un escrutinio público y que termine en resultados concretos.

ENS: ¿Cuáles son las principales recomendaciones de Transparencia por Colombia para que el país pueda mejorar su puntuación en el IPC en los próximos años?

AH: Esa pregunta me lleva a pensar más allá de la coyuntura, lo cual es muy importante y, por supuesto, Colombia a mediano y largo plazo todavía tiene unas reformas de fondo pendientes que tenemos que enfrentar de manera decidida.

Una de ellas es una reforma política que necesita un trámite que es complejo en el Congreso, pero que se requiere para poder luchar contra la corrupción política. Esa transformación también debería estar acompañada de una mayor evidencia y compromiso por parte de los partidos, de los sectores políticos a pasar de esas promesas de campaña y esos grandes titulares, a acciones concretas y rutas de acción.

Otra reforma muy importante es cerrar las oportunidades al desvío y al abuso de los recursos públicos, eliminando muchos regímenes especiales para la ejecución y contratación. Por último, está una reforma muy importante asociada a mecanismos para tener instrumentos de sanción mucho más robustos.